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La justicia argentina dictaminó la prescripción de un importante escándalo de corrupción que involucró al fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez y a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, cerró este lunes una causa que comenzó en agosto de 2007, cuando el empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson trató de entrar a Argentina con 800 mil dólares en efectivo.
Antonini declaró que ese dinero formaba parte del financiamiento ilegal del gobierno de Chávez a la primera campaña presidencial de Fernández de Kirchner, quien en octubre de ese año ganó los comicios.
Los cargos nunca pudieron probarse, pero el caso abrió un debate sobre la “diplomacia paralela” que llevaban a cabo funcionarios del gabinete kirchnerista con el chavismo, gobiernos que fueron aliados y que enfrentaron múltiples denuncias por corrupción.
Uno de los principales acusados fue el exministro de Planificación, Julio de Vido, quien finalmente nunca fue imputado por esta causa pero sí permanece en prisión y enfrenta otras acusaciones.
El único funcionario afectado por el escándalo fue Claudio Uberti, extitular del Órgano Contralor de Concesiones Viales que declaró como imputado hace 10 años, aunque nunca lo procesaron a pesar de que se demostró que viajaban en el mismo vuelo que Antonini Wilson.
Pasado este tiempo, la investigación se estancó, como ocurre con el 90 por ciento de las causas por corrupción en Argentina, y ahora ya quedará cerrada.
El caso tuvo ramificaciones internacionales, ya que tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo enfrentaron un juicio en Estados Unidos en el que se les acusó de haber actuado como agentes encubiertos de Chávez en Florida para sobornar a Antonini Wilson.
Los cuatro fueron condenados, previas declaraciones de culpabilidad de tres de ellos, pero en Argentina el caso terminó en impunidad.
El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, cerró este lunes una causa que comenzó en agosto de 2007, cuando el empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson trató de entrar a Argentina con 800 mil dólares en efectivo.
Antonini declaró que ese dinero formaba parte del financiamiento ilegal del gobierno de Chávez a la primera campaña presidencial de Fernández de Kirchner, quien en octubre de ese año ganó los comicios.
Los cargos nunca pudieron probarse, pero el caso abrió un debate sobre la “diplomacia paralela” que llevaban a cabo funcionarios del gabinete kirchnerista con el chavismo, gobiernos que fueron aliados y que enfrentaron múltiples denuncias por corrupción.
Uno de los principales acusados fue el exministro de Planificación, Julio de Vido, quien finalmente nunca fue imputado por esta causa pero sí permanece en prisión y enfrenta otras acusaciones.
El único funcionario afectado por el escándalo fue Claudio Uberti, extitular del Órgano Contralor de Concesiones Viales que declaró como imputado hace 10 años, aunque nunca lo procesaron a pesar de que se demostró que viajaban en el mismo vuelo que Antonini Wilson.
Pasado este tiempo, la investigación se estancó, como ocurre con el 90 por ciento de las causas por corrupción en Argentina, y ahora ya quedará cerrada.
El caso tuvo ramificaciones internacionales, ya que tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo enfrentaron un juicio en Estados Unidos en el que se les acusó de haber actuado como agentes encubiertos de Chávez en Florida para sobornar a Antonini Wilson.
Los cuatro fueron condenados, previas declaraciones de culpabilidad de tres de ellos, pero en Argentina el caso terminó en impunidad.
