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Buenos Aires, Arg.- El juez federal Claudio Bonadío, quien ha impulsado la mayoría de las causas por corrupción contra la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández, le imputó el jueves nuevos cargos como supuesta líder de una asociación ilícita para recaudar dinero de la obra pública durante su mandato y ordenó su arresto, para lo cual el Senado antes debería quitarle los fueros.
El magistrado amplió el procesamiento de Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, por los delitos de cohecho pasivo y admisión de dádivas, según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial. Al mismo tiempo dictó la prisión preventiva de la dirigente, lo cual se volvería efectivo si perdiera el fuero.
Bonadío además amplió el embargo sobre bienes y dinero de Fernández a 11.502.000.000 pesos (250 mdd).
Estas medidas fueron adoptadas en el marco de una megacausa que investiga un supuesto sistema de recaudación ilegal de fondos ideado por los gobiernos de centro-izquierda de Fernández y de su difunto esposo Néstor Kirchner que consistía en cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos de obra pública.
Con la decisión, el magistrado asevera que se puede afirmar que “se está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada” en el kirchnerismo.
