Presidenta de Perú investigada por uso de relojes de lujo y allanamiento

LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte no aclaró el sábado el origen de tres relojes de lujo por el que la fiscalía allanó su casa y el palacio presidencial en la madrugada mientras la indaga de forma preliminar por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado.

En un mensaje por la televisión pública, Boluarte extendió el misterio sobre cómo llegaron a su muñeca derecha tres relojes marca Rolex que ha usado en actos públicos y dijo que su defensa le recomendó “que no haga todavía ninguna declaración” pública hasta que lo haga ante el Ministerio Público.

Boluarte comentó que la fiscalía actuó de forma “inconstitucional”, que “viene siendo atacada sistemáticamente”, y en consecuencia se genera “inestabilidad política, social y económica”. La presidenta se preguntó “desde cuando un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta... espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”.

Un grupo de legisladores de izquierda presentó una moción al Congreso para remover a la presidenta por “permanente incapacidad moral” tras juntar 26 firmas. El proceso para destituir un presidente es incierto, se necesita 52 firmas para que el pedido sea admitido a debate y luego 87 votos para removerla del cargo. La presidenta dijo hace una semana que no le teme “a las vacancias”.

Los partidos Fuerza Popular, Alianza por el Progreso y Renovación Popular, con legisladores en el Parlamento, descartaron un apoyo al pedido de destitución. El presidente del más poderoso gremio empresarial, Alfonso Bustamante, dijo que el allanamiento de la fiscalía era “desproporcionado”.

El allanamiento ejecutado por la fiscalía general empezó antes de la medianoche del viernes cuando un policía, usando un mazo, rompió la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta en un barrio de Lima luego que nadie le abrió. Por la tarde las televisoras mostraron a un cerrajero arreglando la puerta.

Es la primera vez en Perú que los fiscales ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión para expresidentes investigados por corrupción. Los allanamientos al palacio sí han ocurrido antes.

La redada buscaba incautar tres relojes de lujo marca Rolex usados por Boluarte que se han convertido en el nuevo dolor de cabeza de la mandataria en medio de los problemas nacionales que incluyen los elevados casos de dengue y el avance de la delincuencia que extorsiona a los pequeños negocios.

El abogado presidencial, Mateo Castañeda, comentó a la radio RPP que en el allanamiento se hallaron “unos 10” relojes “bonitos” en el palacio donde incluso se revisó debajo de “las alfombras”. No dijo cuántos de esos relojes eran marca Rolex y añadió que la policía tomó fotos a los artículos de lujo. Aseguró que la mandataria declarará a la fiscalía el 5 de abril.

En una inusual entrevista en la madrugada, mientras se producía el allanamiento al palacio, el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo a la radio RPP que la fiscalía estaba generando “una tormenta donde no la hay” y estaba causando “un ruido político que afecta a las inversiones”.

Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una “intencionalidad desestabilizadora” para golpear a la mandataria dirigida por los que “manejan el crimen organizado” y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte “en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota”, agregó.

El fiscal general, Juan Villena dijo el martes que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía” en una respuesta escrita a la defensa de la presidenta que buscaba postergar dos semanas la exhibición de los tres relojes Rolex y las declaraciones de Boluarte por su “recargada agenda”. Ambas diligencias se frustraron el martes y miércoles porque no se les abrió la puerta ni en la casa ni el palacio presidencial.

La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada cuando para evitar preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años.

Si Boluarte fuera acusada por enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado, no podrá ser enjuiciada hasta 2026 cuando acaba su gestión. Los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar casos de enriquecimiento y las declaraciones de Boluarte no consignan ningún Rolex.

La investigación por el uso de los relojes empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico “La Encerrona” afirmó que revisó miles de fotos oficiales y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14 mil dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.

Boluarte, una abogada de 61 años, era una modesta funcionaria del registro de identidad hasta su toma de posesión como vicepresidenta del país el 28 de julio de 2021, con el entonces presidente Pedro Castillo. Se convirtió en su ministra de Inclusión Social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.

Cuando el parlamento destituyó a Castillo el 7 de diciembre de 2022, Boluarte asumió la presidencia con un sueldo menor, 4,200 dólares. Poco después comenzó a exhibir los relojes de lujo.

Seis presidentes que gobernaron Perú desde 2001 a 2022 están salpicados por casos de corrupción en diferentes fases judiciales y dos de ellos están presos mientras son investigados. El caso más trágico fue el de Alan García (2006-2011), quien se suicidó en su casa en 2019, poco antes que la policía lo detuviese por 10 días. Ese allanamiento ocurrió el viernes 17 de abril, durante la Semana Santa.

Boluarte tiene una impopularidad de 88% en marzo, mientras apenas 9% la apoya, según la firma Ipsos.

Los relojes Rolex no son los únicos problemas que afronta la presidenta. En 2023 la fiscalía la denunció ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los 49 civiles fallecidos en choques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.