Protestas en Bangladesh y la crisis política actual

DACA, Bangladesh (AP) — Decenas de personas han muerto y cientos han resultado heridas en días de protestas en Bangladesh, donde los manifestantes piden la dimisión del gobierno, el cual los acusa de "sabotaje" y el domingo cortó el servicio de internet en un intento por sofocar los disturbios.

El principal diario en lengua bengalí del país, Prothom Alo, informó de al menos 95 muertos en la violencia del domingo, incluidos 14 agentes de la policía. El Canal 24 reportó 85 fallecidos.

El ejército anunció que un nuevo toque de queda, que incluía la capital, Dacca, y otras sedes divisionales y de distrito, estarían en vigor el domingo por la noche por un período indefinido. El gobierno había impuesto anteriormente un toque de queda con algunas excepciones en Dacca y otros lugares.

La primera ministra Sheikh Hasina declaró que quienes han participado en el "sabotaje" y la destrucción en nombre de las protestas ya no son estudiantes, sino criminales, y ha dicho que el pueblo debería tratarlos con mano de hierro.

Los manifestantes exigen la dimisión de Hasina, después de que en julio las protestas, que comenzaron con estudiantes que pedían el fin de un sistema de cuotas para los puestos gubernamentales, se intensificaron hasta convertirse en actos violentos que han dejado más de 200 muertos.

También el domingo, el gobierno anunció un feriado de lunes a miércoles. Los tribunales permanecerán cerrados por tiempo indefinido. El servicio de internet móvil estuvo fuera de servicio el domingo, mientras que Facebook y las aplicaciones de mensajería, incluida WhatsApp, no estuvieron disponibles ni siquiera con internet de banda ancha.

El ministro de Información y Radiodifusión, Mohammad Ali Arafat, dijo el domingo que los servicios de internet móvil y de mensajería estaban fuera de servicio para prevenir la violencia.

Desde el empeoramiento de las protestas, el gobierno cerró las universidades en todo el país e impuso un toque de queda en el que se puede disparar en el acto. Al menos 11.000 personas han sido detenidas.

Los manifestantes convocaron a la "no cooperación", instando a la gente a no pagar impuestos y facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar el domingo, un día laborable en Bangladesh. Las oficinas, los bancos y las fábricas abrieron, pero los viajeros en Dacca y otras ciudades se enfrentaron a dificultades para llegar al trabajo.

Las protestas comenzaron el mes pasado con las demandas estudiantiles de que se pusiera fin al sistema de cuotas que asignaba el 30% de los empleos en el gobierno a familias de veteranos que combatieron en la guerra de independencia contra Pakistán en 1971. Mientras la violencia tocaba techo, la Corte Suprema del país rebajó la cuota de empleos reservados al 5%, con un 3% para familiares de veteranos, aunque las protestas han continuado para reclamar responsabilidades por la violencia, que los manifestantes atribuyeron al uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno.

El sistema de cuotas también incluye plazas para minorías étnicas y personas discapacitadas y transgénero, que se redujeron al 2% en el fallo judicial.

El gobierno de Hasina ha culpado al Partido Nacionalista de Bangladesh y al ahora ilegalizado partido de derechas Jamaat-e-Islami y sus ramas estudiantiles de instigar a la violencia, en el que varios establecimientos propiedad del gobierno han sido incendiados o vandalizados.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, secretario general del principal partido de oposición, reiteró una llamada a que el gobierno tome medidas para detener el caos.

Hasina se ofreció a hablar con líderes estudiantiles el sábado, pero un coordinador se negó y anunció que sus demandas tenían un solo punto, la renuncia de la mandataria.

La gobernante reiteró sus promesas de investigar a fondo las muertes y castigar a los responsables por la violencia. Afirmó que su puerta estaba abierta para dialogar y que estaba dispuesta a sentarse a hablar cuando quisieran los manifestantes.

Las protestas se han convertido en un gran desafío para Hasina, que gobierna el país desde hace más de 15 años y obtuvo un cuarto mandato consecutivo en enero en unos comicios boicoteados por sus principales rivales.