Ex candidato venezolano solicita asilo en España

CARACAS (AP) — El ex candidato presidencial opositor Edmundo González se ha ido de Venezuela tras solicitar asilo en España, indicó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Rodríguez dijo en Instagram que González, que no había sido visto en público desde los comicios presidenciales de julio, había solicitado refugio en los últimos días en la embajada de España en Caracas.

Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que había ordenado el arresto del candidato, decidió concederle a González un salvoconducto para salir del país con el fin de contribuir a la paz política.

“En este sentido, una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país”, destacó la vicepresidenta en el escrito.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó en la red social X que, a solicitud suya, González “vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas”.

“El gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos”, agregó Albares, sin dar otros detalles.

González, de 75 años, enfrentaba una investigación penal, impulsada por la fiscalía, en la que es señalado de varios delitos, incluidos los de “instigación a la desobediencia” y “conspiración”, relacionados con las protestas que sucedieron al día de votación y con la publicación de las actas de resultados que, según la oposición, muestran que Maduro perdió las elecciones.

Hace algunos días, un juez que lleva casos de terrorismo ordenó su aprehensión por petición de la fiscalía. El excandidato presidencial había sido convocado a declarar tres veces, sin que acudiera en ninguna de ellas, en una investigación por la publicación de las actas electorales en una plataforma digital. El último llamado fue el 30 de agosto.

González, quien se presentó a las elecciones como candidato de una coalición de partidos después de que la líder opositora María Corina Machado fuese inhabilitada por las autoridades, cuestionó la investigación penal y acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de ser un “acusador político” que “condena por anticipado”.

Tanto González como Machado han denunciado repetidamente ser perseguidos por las autoridades.

El exdiplomático se presentó en público por última vez el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, en una de las protestas ciudadanas que sucedieron al anuncio oficial de los resultados que daban la victoria a Maduro sin mostrar las actas.

Las elecciones venezolanas, en las que el mandatario aspiraba a un tercer mandato, han sido fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de verificar los resultados. Varios países, entre ellos Estados Unidos, han reconocido a González como legítimo ganador.

Saab, cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista, acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados”, además de delitos de “instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”, y con ello, causar “zozobra”.

En una misiva entregada al fiscal general el 4 de septiembre por su defensa, González aseguró que no era su “responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación”, como contempla la ley.

Asimismo, su abogado José Vicente Haro indicó que González estaba dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones debido al “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha precalificado delito, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delito”.

Pese a la insistencia de la oposición y la presión internacional, las autoridades venezolanas no han publicado las actas electorales con los resultados más de un mes después de las votaciones.

Desde que se instauró la democracia en Venezuela en 1958, las actas de escrutinio son consideradas la prueba de los resultados electorales. En comicios anteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha difundido públicamente en su página en internet el contenido completo de cada acta, por centro de votación y mesas instaladas.

Ante las críticas recibidas, Maduro le encargó al Tribunal Supremo de Justicia que hiciese un peritaje del proceso electoral. Este cuerpo judicial, integrado por magistrados que formaron parte del gobierno, certificó el 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos. El Centro Carter de Estados Unidos cuestionó la independencia de ese análisis, un día después de poner en duda la integridad de los comicios.

A mediados de agosto, un grupo de expertos de Naciones Unidas dijo que las recientes elecciones presidenciales en Venezuela carecieron de “transparencia e integridad básicas”, sumando una voz importante a quienes pusieron en duda el anuncio oficial de la victoria de Maduro.

Aunque el equipo de la ONU no llegó a validar las afirmaciones de la oposición de que su candidato derrotó al mandatario por un margen superior a 2 a 1, mencionó que las actas de votación publicadas por la coalición opositora parecían tener todas las características de seguridad de un documento original.