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Las víctimas de abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes católicos que recibieron la condena más severa por este delito en la historia judicial de Argentina denunciarán al Vaticano por encubrimiento.
Los damnificados viajan el viernes a Ginebra para presentarse ante el Comite´ contra la Tortura y el Comite´ de los Derechos del Nin~o a fin de ratificar que la Santa Sede “teni´a conocimiento de los sucesos ocurridos con anterioridad al inicio de las investigaciones penales y nada hicieron para evitar los abusos”, según un comunicado de las distintas organizaciones que asisten a las víctimas, entre ellas la estadounidense Bishop Accountability.
Los abusos se cometieron en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de Mendoza, unos 1.000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Un tribunal argentino condenó a fines de noviembre pasado al sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de prisión y al cura argentino Horacio Corbacho, a 45 años, por 20 hechos de abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Próvolo, entonces menores de edad. Fueron las penas más severas contra clérigos por abuso en Argentina.
Tres exalumnos cuyos testimonios fueron vitales para el juicio se presentarán en Ginebra ante funcionarios de la ONU y luego viajarán a Roma para entrevistarse con otras víctimas de abuso.
El abogado Sergio Salinas, vicepresidente de la organización “Xumek” para la promocio´n y proteccio´n de los derechos humanos de Mendoza, que fue querellante en el juicio, dijo a The Associated Press que “hemos avisado al Papa de que vamos a estar ahí por si quiere reunirse con nosotros”.
Hasta ahora Francisco no ha realizado comentarios públicos sobre las denuncias de abusos en el Próvolo que estallaron en 2016, no se ha reunido con las víctimas e ignoró las advertencias sobre el sacerdote italiano condenado.
El escándalo que provocó el caso se intensificó luego de saberse que Corradi había sido señalado por supuestos abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, en Italia, sin que fuera juzgado y que el Papa había sido avisado en 2014 que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Ante la ONU, las víctimas también van a denunciar que la Iglesia Católica “no colaboro´ con la justicia penal durante la investigacio´n, se nego´ a dar informacio´n, ampara´ndose en el secreto pontificio... y luego de las condenas, se niegan a reparar de forma integral a las vi´ctimas, quienes se encuentra actualmente en situacio´n de extrema vulnerabilidad”, detalló el comunicado de sus representantes legales difundido previo al viaje.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Salinas dijo que denunció penalmente a estos religiosos y hay en curso una investigación porque se habían negado a entregar a la justicia las conclusiones de su pesquisa.
En el Vaticano hay en trámite un proceso canónico contra los sacerdotes abusadores.
En las audiencias del juicio en Mendoza se conocieron los testimonios de jóvenes de ambos sexos sobre las violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio. También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.
Los abusos ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido. El colegio ha sido clausurado.
Las víctimas que viajarán a Ginebra solicitaron, además, audiencias en la oficina de la ONU ante la Relatora Especial sobre la venta y explotacio´n sexual de nin~os; el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre promocio´n de la verdad, la justicia, la reparacio´n y las garanti´as de no repeticio´n.
El objeto será pedirles su intervencio´n para “que la Santa Sede modifique sus pra´cticas de encubrimiento, colabore con las investigaciones judiciales y repare de forma ra´pida y adecuada a las vi´ctimas”, según el comunicado.
