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CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, acudió este domingo a la Procuraduría General de la República (PGR), para solicitar que se le informe si es investigado por el caso de la presunta red de “lavado” de dinero diseñada por el empresario Manuel Barreiro.
En respuesta, la PGR informó que Anaya Cortés se negó a rendir declaración ministerial sobre la venta de una nave industrial al empresario queretano Manuel Barreiro, acusado de “lavado” de dinero.
La dependencia aseguró que el panista Ricardo Anaya fue convocado en “repetidas ocasiones para lo que a derecho convenga”, cuando acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a entregar un escrito en el que exige saber si está siendo investigado.
“Este 25 de febrero el candidato presidencial de la coalición México al Frente se presentó en las instalaciones de la SEIDO, donde se le invitó públicamente, en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial para lo que a derecho convenga, lo cual fue rechazado por el candidato”, se indicó en un informe.
Indicó que el candidato entregó un documento ante la Oficialía de Partes de la SEIDO, mismo que fue sellado de recibido.
Ante las acusaciones que hizo Anaya Cortés de que “este gobierno usa a la PGR para dañar a quienes somos sus opositores”, la representación social de la Federación respondió que “actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.
La Procuraduría General de la República advirtió que, de ser el caso, citará a las personas que sea necesario en función del debido esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos.
Antes, en su visita a la PGR, en la solicitud dirigida al encargado de despacho, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, en suplencia del procurador, Alberto Elías Beltrán, advierte que la institución a su cargo “no debe prestarse con evasivas ni silencios a escándalos difamatorios”.