Anexos, el hoyo negro del DIF de 9 estados

De manera arbitraria y erogando millones de pesos, los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de nueve entidades han realizado acuerdos con sitios de atención a adictos en recuperación, conocidos como anexos, para encerrar, de modoirregular, a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en estos sitios, detectó una investigación realizada por Quinto Elemento Lab.

En un reportaje realizado por la periodista Elva Mendoza, difundido por el laboratorio de investigación periodística y compartido con Pulso se documenta como en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Tabasco, Tlaxcala y el Estado de México, se ha internado a personas de estos sectores vulnerables en centros en los que se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.

Quinto Elemento Lab indicó que llegó a esta conclusión tras la revisión de una enorme cantidad de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas, y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas DIF de al menos nueve estados y de varios municipios lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.

El Sistema DIF nacional no atendió a repetidas solicitudes de entrevista.

Encierro millonario

El reportaje documenta casos en que, sin libertad de salir nunca a la calle, las personas pueden permanecer años en estos lugares. Como Janeth que, llevada por el DIF, rebotó de un anexo a otro en Michoacán desde los 12 años y hasta que cumplió los 17. 

O como Anselmo, que pasó sus últimos años en el anexo donde ahora se encuentra Chuy. El DIF lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después.

Quinto Elemento Lab detectó que los sistemas DIF estatales involucrados pagan a los centros de rehabilitación desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por persona alojada.

La investigación indica que se revisaron cientos de convenios del DIF con centros de rehabilitación. Estos documentos, llamados técnicamente Convenios de Coordinación o Concertación, son la vía para formalizar el envío de población a estos lugares.

De 2015 a 2022, los DIF de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones, encontró Quinto Elemento Lab.

Los DIF en los estados son los organismos de gobierno encargados de proteger a personas menores de edad y a quienes están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, orfandad o abandono. 

Tras casi 40 entrevistas, visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados y la revisión de expedientes, la investigación documentó que el DIF con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos.

Lugar inadecuado

“¿Por qué los llevan a anexos si hay casas hogar? (..) Nunca he entendido”, dijo Janeth, que pasó cinco años en anexos en Michoacán. “Al anexo llegan muchas personas muy mal y los que son de DIF tienen que ver eso. En un anexo se habla de muchas cosas que uno a lo mejor no ha vivido o no sabe”.

A menudo los anexos son vistos como un centro de asistencia social más, pero los centros para adicciones cuentan con dinámicas distintas a las de una casa hogar, un albergue, un asilo u orfanato.

Alejandro no había consumido drogas ni alcoholpero el DIF Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años.

Dice Alejandro que en Jóvenes Tlatilco, él y otros niños y adolescentes llevados por el DIF convivían las 24 horas con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar hasta 12 juntas diarias de Alcohólicos Anónimos. “Un niño de ocho o doce años no está para escuchar esas cosas”, dijo. “Fue bastante difícil, la verdad, tolerarlo todo, bastante difícil el hecho de estar ahí”.

Alejandro fracasó en su primer intento por escapar del anexo, a quince días de haber llegado. Los encargados lo golpearon, lo encobijaron y amarraron de pies y manos como escarmiento, narró una tarde, en una calle céntrica de la capital. En un segundo intento, a los dos meses de su ingreso, logró fugarse.

“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (dri), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No hay algún parámetro para que el DIF decida a dónde llevar a las personas, lo que permite actos arbitrarios. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.

Cárceles privadas

Hay centros autorizados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) bien montados y seguros, incluso algunos aptos para adolescentes, pero la mayoría opera en la clandestinidad, en condiciones de hacinamiento y miseria. Parten de la idea de que las personas “valoren lo que tienen afuera”, como describió el encargado de otro centro de rehabilitación en Nezahualcóyotl.

En el precario salón de unos siete metros de largo por cuatro metros de ancho, donde se realizan todas las actividades, sientan a los 55 varones alojados ahí y los hacen permanecer durante horas en sillas de plástico solo viendo a la pared con la consigna de no hablar, no dormir y no leer. “Los días son muy lentos y no avanzan”, dijo Santiago un joven internado ahí años atrás.

La Conadic estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad. Acaso una docena ofrece tratamiento médico profesional. “Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.

Hoy día, prácticamente cualquier persona puede abrir un centro de tratamiento “y esto de alguna manera es lo que nos trae hasta el problemón que tenemos”, dijo Zabicky. “(Hay) lugares donde sabemos que se cometen violaciones a los derechos humanos y a las leyes mexicanas, ataques sexuales, alguna golpiza o simplemente personas que están internadas en contra de su voluntad. Técnicamente eso en México es un secuestro, una privación ilegal de la libertad”.

“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo ÉderLópez, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Michoacán. Él y su familia fundaron y administraron once años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia, animados por su propia experiencia con un papá alcohólico aunque posteriormente lo cerraron debido a un motín.

En manos del DIF

Quinto Elemento Lab señaló que no pudo conocer con exactitud cuántos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad física o mental están encerrados en un anexo por instrucciones del DIF.

En parte porque mucha de la información que maneja el sistema es confidencial —por tratar con víctimas, personas menores de 18 años y datos personales–. Pero también debido a la falta de transparencia de los Sistemas DIF.

Los convenios que firman con estos establecimientos rara vez indican el número de personas que envían, su edad o condición o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación.

Además, no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso algunos DIF en el Estado de México ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo.

Al alcance de todos

No sólo el DIF envía a población vulnerable a estos establecimientos. En muchos lugares de México, los anexos son la alternativa disponible para las familias de personas con algún problema de conducta o alguna discapacidad física o mental. Esto, ante la ausencia de políticas y la falta de sitios públicos para dar atención especializada.

“Hay personas que llegan ahí porque tienen problemas de salud mental no relacionados con sustancias. Y esto sucede porque no hay ninguna otra opción. Hay quienes agarran a alguien porque está teniendo alguna conducta que no agrada a la familia y lo quieren corregir a palazos, que no es lo adecuado. También hay personas que viven en condición de calle. Obviamente se necesita una respuesta distinta, de bienestar por parte del Estado”, dijo Gady Zabicky, el titular de conadic.

A fin de proteger los derechos de las y los niños y adolescentes en esta historia, Quinto Elemento Labresolvió no identificarlos con su nombre, su nombre completo o su rostro. Las imágenes han sido levemente modificadas para garantizar que no puedan ser reconocidos. También se han difuminado los rostros de adultos que atraviesan procesos de desintoxicación.