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Reino Unido se fija como meta contribuir a la reducción de la pobreza en México invirtiendo en sectores estratégicos y multiplicadores de riqueza.
De acuerdo con los detalles dados a conocer este viernes en un documento divulgado por el Ministerio de Exteriores de Reino Unido, el Fondo de Prosperidad para México tiene como objetivo contribuir a reducir la pobreza, promover la igualdad de género y fortalecer un desarrollo económico más equitativo, generando mayores oportunidades para el comercio y la inversión global.
Para alcanzar dicho objetivo, el Fondo, anunciado por el entonces canciller Boris Johnson, en octubre de 2017 y que, según informó en su momento el Ministro británico para las Américas, Alan Duncan, al menos hasta junio del año pasado todavía estaba en pláticas entre los gobiernos, cuenta con 60 millones de libras de aquí hasta 2023.
Según el estudio de impacto, está previsto que los fondos generen beneficios para la economía mexicana equivalentes a 886 millones de libras mediante acciones focalizadas en cuatro grandes rubros.
"A través de intervenciones de nicho, el programa complementará el trabajo del gobierno mexicano y de otros donantes para maximizar el impacto", detalla.
De manera adicional, se espera que el programa ofrezca beneficios secundarios a las empresas británicas; se espera que añada a las exportaciones de ese país 462 millones de libras adicionales a 2026.
"Las intervenciones en bienestar abrirán nuevos mercados y expandirán los existentes con oportunidades de negocio internacionales, incluyendo para las firmas británicas", indica.
El presidente Obrador y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, firmaron el jueves pasado un acuerdo para poner en marcha el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica el cual contará con una inversión mexicana de 100 millones de dólares directos en El Salvador, Guatemala y Honduras. La suma pretende generar empleo a 4 mil personas con la siembra de 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales en los tres países de Centroamérica, a fin de reducir la migración hacia Estados Unidos.
En contraste, el programa británico está dirigido a aumentar la productividad, a través de transferencia de conocimiento, innovación y tecnología, la expansión del mercado mexicano, y la erradicación de obstáculos al crecimiento económico.
Concretamente, está enfocado en cuatro sectores estratégicos: el energético, al cual se han asignado 28 millones de libras; ciudades del futuro y servicios financieros, cada uno con 11 millones de libras, y lucha contra la corrupción y Estado de Derecho como principal freno al crecimiento económico, con 10 millones.
"El programa se centrará en los sectores de Energía, Ciudades del Futuro, Servicios Financieros y Anticorrupción y Estado de derecho con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad de género en México. Al mismo tiempo, la mejora del desarrollo económico y la apertura de nuevos mercados creará oportunidades para las empresas internacionales y del Reino Unido", apunta.
Tres firmas británicas especializadas en servicios profesionales, DAI, PwC y PA Consulting, han sido elegidas para canalizar los fondos; operarán con flexibilidad para maximizar el impacto de los recursos en línea con los objetivos prestablecidos.
No obstante, la cooperación no está exenta de condiciones, "dada la difícil situación de los derechos humanos en México, todas las actividades se diseñarán con apego a un mayor cumplimiento de las normas de derechos humanos".
El documento detalla que el compromiso inicial alcanzado con el nuevo gobierno sugiere que el programa está alineado con sus prioridades, pero para "mitigar el riesgo del entorno político cambiante, el programa adoptará un enfoque geográfico, con compromisos con gobiernos a nivel estatal y municipal, para maximizar el impacto y garantizar la capacidad de entrega".
Según el documento, México enfrenta desafíos tanto a nivel nacional como internacional que limitan alcanzar su potencial de crecimiento económico y acortar la brecha de la desigualdad.
Los cinco principales son inseguridad y corrupción "endémica"; abusos a los derechos humanos y un deciente sistema de justicia; el rezago educativo; y la falta de políticas que promuevan el conocimiento, las capacidades institucionales y un modelo de crecimiento económico incluyente.