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Diversas organizaciones anunciaron que presentarán un estudio que analiza, entre otra coas, la pertinencia de un mecanismo internacional para investigar y perseguir crímenes graves y actos de corrupción.
El documento titulado “Corrupción que mata, por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”, será presentado en la Ciudad de México el 3 de mayo próximo.
En su elaboración participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, entre otros.
En un comunicado, la organización Open Society Justice (Capítulo México), que también participó en la elaboración del documento, señaló que también se da seguimiento a las recomendaciones incluidas en el informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, presentado en 2016.
Ese informe “demostró que existe una base razonable para creer que fuerzas federales y miembros del crimen organizado han perpetrado crímenes contra la humanidad y que las autoridades mexicanas tienen una obligación legal de investigar estos crímenes”.
El documento titulado “Corrupción que mata, por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”, será presentado en la Ciudad de México el 3 de mayo próximo.
En su elaboración participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, entre otros.
En un comunicado, la organización Open Society Justice (Capítulo México), que también participó en la elaboración del documento, señaló que también se da seguimiento a las recomendaciones incluidas en el informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, presentado en 2016.
Ese informe “demostró que existe una base razonable para creer que fuerzas federales y miembros del crimen organizado han perpetrado crímenes contra la humanidad y que las autoridades mexicanas tienen una obligación legal de investigar estos crímenes”.