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La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer hoy las medidas cautelares impuestas al extesorero de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, quien fue vinculado a proceso pero lo enfrenta en libertad, debido a que el delito que se le imputa no prevé prisión preventiva oficiosa.
La dependencia informó que el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó una garantía económica por cuatro millones de pesos, como medida cautelar.
Asimismo, abundó, se le estableció la prohibición de salir del país, por lo que se le retiró el pasaporte y visa al inculpado, así como acudir a firmar una vez al mes ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
En un comunicado, la PGR indicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante el juez con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
Señaló que el representante social de la Federación obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir y adquirir recursos, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Sostuvo que el fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del periodo de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970.76 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron de dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
Explicó que el primero es por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes, y el segundo por la acreditación por concepto de subsidio al empleo, sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Todo ello, apuntó la dependencia, aunado a que no existe dato alguno que proporcione información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos.
Podrá continuar con candidatura
Juan Melquiades Vergara, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Quinta Roo, en la administración de Carlos Joaquín, podrá continuar con su aspiración de una candidatura de una diputación federal por la coalición de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática (PAN-PRD).
La Procuraduría General de la República (PGR) no solicitó la suspensión de esos derechos, debido a que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que advierte que sólo se podrán suspender cuando la persona está privada de la libertad durante el proceso o una vez sentenciado.
"Aun cuando el ciudadano haya sido sujeto al proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiera recluido en prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político electorales", dice la jurisprudencia.
Por ello, Enriqueta Velasco, titular del Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, no tocó el tema al vincular a proceso al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo y dictarle medidas cautelares no se pronunció en torno a sus derechos político electorales, es decir votar y ser votado.
La dependencia informó que el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó una garantía económica por cuatro millones de pesos, como medida cautelar.
Asimismo, abundó, se le estableció la prohibición de salir del país, por lo que se le retiró el pasaporte y visa al inculpado, así como acudir a firmar una vez al mes ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
En un comunicado, la PGR indicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante el juez con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
Señaló que el representante social de la Federación obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir y adquirir recursos, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Sostuvo que el fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del periodo de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970.76 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron de dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
Explicó que el primero es por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes, y el segundo por la acreditación por concepto de subsidio al empleo, sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Todo ello, apuntó la dependencia, aunado a que no existe dato alguno que proporcione información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos.
Podrá continuar con candidatura
Juan Melquiades Vergara, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Quinta Roo, en la administración de Carlos Joaquín, podrá continuar con su aspiración de una candidatura de una diputación federal por la coalición de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática (PAN-PRD).
La Procuraduría General de la República (PGR) no solicitó la suspensión de esos derechos, debido a que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que advierte que sólo se podrán suspender cuando la persona está privada de la libertad durante el proceso o una vez sentenciado.
"Aun cuando el ciudadano haya sido sujeto al proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiera recluido en prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político electorales", dice la jurisprudencia.
Por ello, Enriqueta Velasco, titular del Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, no tocó el tema al vincular a proceso al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo y dictarle medidas cautelares no se pronunció en torno a sus derechos político electorales, es decir votar y ser votado.