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Ciudad de México.- En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) está en marcha una “operación limpieza” sigilosa, que ha dejado hasta el momento el cese de al menos 30 servidores, entre agentes del Ministerio Público y fiscales, como el extitular de la Unidad Antisecuestros Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que la Visitaduría General, a cargo de Adriana López Campos, indaga con lupa al personal de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS); en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueita), y en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) por presuntos actos de corrupción y uso indebido del servicio público.
“Hay una operación limpieza muy callada y sigilosa en la SEIDO. Visitaduría General cae a diestra y siniestra [a la corporación]; están investigando a muchos funcionarios”, dijeron las fuentes consultadas.
La situación ha avanzado de tal manera que “a los [agentes de los] ministerios públicos los han hecho renunciar y les han sacado sus cosas como si estuvieran desalojando a los paracaidistas de algún predio”, destacaron.
En el caso particular del extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO Gualberto Ramírez Gutiérrez, las fuentes ministeriales detallaron que integrantes de la Policía Federal Ministerial catearon la casa del exfuncionario por una averiguación que se sigue en su contra por presunta corrupción durante su administración.
Al presentar su informe sobre el estado en el que recibió a la entonces PGR, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que heredó una institución en “anarquía administrativa”, con despilfarro en gastos, rezago injustificado de más de 300 mil investigaciones y un descontrol en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Gertz Manero aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, porque cada unidad recibía los casos que quería o le convenía, sin orden ni verificación.
Incluso, reveló que encontró “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos ministerios públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación”.