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Ciudad de México.- El auditor superior David Rogelio Colmenares Páramo entregó a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El monto observado en las 242 auditorías realizadas al gasto federalizado en la primera etapa de la Cuenta Pública 2017 –con corte al lunes 25 de junio– fue de 7 mil 853 millones 100 millones de pesos, de los cuales 3 mil 912 millones 300 mil pesos faltan por aclarar y 3 mil 940 millones 800 mil pesos son recuperaciones determinadas.
El gasto federalizado se divide en gasto programable y participaciones transferidas a las entidades. El programable recibió 235 auditorías (el 73.8 por ciento del total de auditorías en este primer documento de tres). De ese conjunto, el monto observado fue por 7 mil 770 millones 400 mil pesos, de los cuales 3 mil 883 millones 300 mil de pesos (50 por ciento) faltan por aclarar y poco menos de la mitad se solventó, informó.
Respecto a participaciones a estados, el monto observado en la primera etapa del proceso de fiscalización asciende a 82 millones 700 millones de pesos, de los cuales 53 millones 700 mil pesos son recuperaciones determinadas y 29 mdp son monto por aclarar. Esto último sobre todo por parte de Jalisco (15.1 mdp) y Sinaloa (13.9 mdp).
A unas horas de que el próximo domingo los mexicanos voten por el nuevo Presidente de la República, la Auditoría Superior de la Federación, órgano que depende de la Cámara de Diputados, entregó el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, que contiene parte de los resultados de las auditorías que aplicó en las dependencias federales y estatales en el país.
El documento como primera entrega recibido por la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador revela que se hicieron 344 revisiones a gasto programable y participaciones, equivalentes al 21.6 por ciento de las 1,071 auditorías que se irán dando.
De las 344 presentadas este junio, tres fueron al Poder Judicial, 83 al Poder Ejecutivo, cinco a órganos autónomos, 153 a entidades federativas, 96 a municipios y cuatro a instituciones públicas de educación superior.