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Ciudad de México.- El gobierno federal clasificó la Base Aérea Militar de Santa Lucía como instalación estratégica, con lo que blindó la construcción del aeropuerto en ese lugar contra las intenciones de echar abajo el proyecto.
El pasado 29 de agosto el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional catalogó como instalaciones estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes de la Sedena y los incluyó en el Inventario de la Infraestructura Estratégica del país.
Entre esos inmuebles está la Base Aérea Militar de Santa Lucía, lugar en el que el gobierno federal prevé construir el nuevo aeropuerto, luego de que decretó la cancelación del proyecto en Texcoco, Estado de México. Por ello, la Sedena solicitó al juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa revocar la suspensión definitiva que concedió en uno de los amparos tramitados por integrantes de los pueblos indígenas de Tecámac, contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
“Con la declaratoria mencionada se reconoció al aeropuerto de Santa Lucía como instalación estratégica, provocando que en caso de sostener la suspensión se pongan en peligro las actividades que se llevaban a cabo, como lo es el despliegue inmediato de personal y material desde el centro del país a cualquier parte del territorio nacional para resguardar la defensa, integridad y soberanía del país”, indicó la Sedena en su escrito de Incidente de Revocación a la Suspensión Definitiva que presentó el pasado 4 de septiembre en el juzgado Quinto de Distrito.
La dependencia agregó que se debe permitir en todo momento la ejecución de las acciones con la mayor rapidez y grado de secrecía en la Base Aérea de Santa Lucía, por lo que la suspensión de la construcción del aeropuerto y las operaciones que se realizan en dicha zona obligan a los militares a utilizar otras instalaciones que pueden carecer de la infraestructura necesaria para actividades que se incluyen en el Plan DN-III-E.
Este asunto forma parte de los nueve amparos que presentaron representantes de los pueblos indígenas de Tecámac quienes temen perder parte de su territorio, sufrir un colapso hídrico y otras afectaciones a la vida cotidiana de los habitantes de la región, a causa del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.