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Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que el hecho de que Rosario Robles Berlanga esté en estos momentos en prisión, en razón de sus actos, no es una persecución política ni una venganza.
En entrevista, enfatiza que presentará nuevas denuncias para que ningún caso de corrupción quede impune, y refuerza: “Las cosas han cambiado y el mensaje es muy claro: no vamos a tolerar la corrupción ni la impunidad, eso incluye nombres [y situaciones] como que Lozoya comparezca ante los tribunales y que se resuelva conforme a derecho.
“El hecho de que una exsecretaria de Estado [Rosario Robles] se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, no es una persecución política ni venganza, lo que se busca es el cumplimiento de las normas del Estado constitucional de derecho y que los tribunales resuelvan, como en cualquier sociedad democrática. Presentaremos nuevas denuncias para que ningún caso de corrupción quede sin castigo, lo que no se puede tolerar es la impunidad”.
Sostuvo que en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “hay un enorme cambio” en el país y hace hincapié en que durante la administración de Enrique Peña Nieto “no pasó absolutamente nada” en materia de combate a la corrupción.
“Nombres como el de Emilio Lozoya, [caso en el que] la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años y la UIF mantiene congeladas sus cuentas, la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra él teniendo una orden de aprehensión”.
Santiago Nieto subraya la importancia de señalar que el gran problema de corrupción que tiene el país inicia en los procesos electorales. “Empresarios terminan financiando campañas electorales para obtener beneficios con administraciones futuras.
“El Presidente me instruyó a que en cualquier caso en el que se detecte corrupción se denuncie ante la Fiscalía General de la República o se le dé aviso a la Secretaría de la Función Pública. Necesitamos generar una política pública de combate a la impunidad en los casos de corrupción y nuevamente la UIF tiene que servir para lo que fue diseñada, esto nos obliga a ir sobre los grandes casos de lavado de dinero vinculados con la corrupción”, señala.