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Foto: Archivo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, e hizo un llamado a las autoridades para que no omita como línea de investigación su oposición a la construcción de la presa de almacenamiento "La Maroma", en San Luis Potosí.
Díaz González fue asesinado el pasado 8 de septiembre en su domicilio, pero su muerte se dio a conocer ayer martes. El organismo expresó su solidaridad a sus familiares, para quienes solicitó al gobierno de Nayarit la implementación de medidas cautelares, para garantizar su vida e integridad personal y evitar hechos de difícil o imposible reparación, así como proporcionarles la contención emocional necesaria.
La CNDH también pidió a las autoridades correspondientes dar con los responsables para que reciban la sanción correspondiente, así como evitar hechos de similar naturaleza y que el caso no quede impune.
"Este organismo nacional reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando deriva, como en este caso, en la privación de la vida de un dirigente de la comunidad Wixárika, y hace un llamado a las autoridades competentes para que también consideren como línea de investigación la oposición que como defensor del medio ambiente siempre tuvo hacia la construcción de la presa de almacenamiento 'La Maroma' y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí", indicó.
La construcción de la presa, que abastecerá de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato, de acuerdo con Díaz González, afectará Wirikuta, pueblo sagrado de los huicholes; no obstante, en la consulta previa, libre e informada al pueblo Wixárika las autoridades federales y estatales dieron a conocer a esa comunidad que se preservarán los centros ceremoniales en el área natural protegida de Wirikuta, se reforestará la zona y habrá cuidado del medio ambiente, por lo cual accedieron a la realización del proyecto.
Al actualizarse los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable ante el homicidio del promotor de los sitios sagrados de la comunidad Wixárika, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares con base en lo dispuesto por los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Personal de la comisión se trasladará al lugar de los hechos a efecto de brindar acompañamiento y asesoría a los familiares de la víctima para que puedan acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
La CNDH afirmó que estará observando puntualmente la actuación de las autoridades y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
LOS HECHOS
Margarito Díaz González, marakame wixárika e integrante de la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit fue asesinado la noche del sábado pasado en su casa, en la comunidad de Aguamilpa, en el municipio de El Nayar.
Según los reportes, un sujeto llegó hasta el domicilio de Díaz González y le disparó en el rostro mientras dormía debajo de un tejabán.
Margarito Díaz González, de 60 años, también era miembro del Consejo de Seguridad de Wirikuta. Desde la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit logró, con sus compañeros, que el gobierno Federal les otorgara las escrituras de los terrenos del Centro Ceremonial de Aramara en San Blas, que ha sido vandalizado en diversas ocasiones por la falta de vigilancia de las autoridades municipales.
Activistas y defensores de derechos humanos se han sumado a la exigencia de justicia en este caso y pidieron al gobernador del estado, Antonio Echevarría García, su intervención.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, e hizo un llamado a las autoridades para que no omita como línea de investigación su oposición a la construcción de la presa de almacenamiento "La Maroma", en San Luis Potosí.
Díaz González fue asesinado el pasado 8 de septiembre en su domicilio, pero su muerte se dio a conocer ayer martes. El organismo expresó su solidaridad a sus familiares, para quienes solicitó al gobierno de Nayarit la implementación de medidas cautelares, para garantizar su vida e integridad personal y evitar hechos de difícil o imposible reparación, así como proporcionarles la contención emocional necesaria.
La CNDH también pidió a las autoridades correspondientes dar con los responsables para que reciban la sanción correspondiente, así como evitar hechos de similar naturaleza y que el caso no quede impune.
"Este organismo nacional reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando deriva, como en este caso, en la privación de la vida de un dirigente de la comunidad Wixárika, y hace un llamado a las autoridades competentes para que también consideren como línea de investigación la oposición que como defensor del medio ambiente siempre tuvo hacia la construcción de la presa de almacenamiento 'La Maroma' y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí", indicó.
La construcción de la presa, que abastecerá de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato, de acuerdo con Díaz González, afectará Wirikuta, pueblo sagrado de los huicholes; no obstante, en la consulta previa, libre e informada al pueblo Wixárika las autoridades federales y estatales dieron a conocer a esa comunidad que se preservarán los centros ceremoniales en el área natural protegida de Wirikuta, se reforestará la zona y habrá cuidado del medio ambiente, por lo cual accedieron a la realización del proyecto.
Al actualizarse los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable ante el homicidio del promotor de los sitios sagrados de la comunidad Wixárika, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares con base en lo dispuesto por los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Personal de la comisión se trasladará al lugar de los hechos a efecto de brindar acompañamiento y asesoría a los familiares de la víctima para que puedan acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
La CNDH afirmó que estará observando puntualmente la actuación de las autoridades y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
LOS HECHOS
Margarito Díaz González, marakame wixárika e integrante de la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit fue asesinado la noche del sábado pasado en su casa, en la comunidad de Aguamilpa, en el municipio de El Nayar.
Según los reportes, un sujeto llegó hasta el domicilio de Díaz González y le disparó en el rostro mientras dormía debajo de un tejabán.
Margarito Díaz González, de 60 años, también era miembro del Consejo de Seguridad de Wirikuta. Desde la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit logró, con sus compañeros, que el gobierno Federal les otorgara las escrituras de los terrenos del Centro Ceremonial de Aramara en San Blas, que ha sido vandalizado en diversas ocasiones por la falta de vigilancia de las autoridades municipales.
Activistas y defensores de derechos humanos se han sumado a la exigencia de justicia en este caso y pidieron al gobernador del estado, Antonio Echevarría García, su intervención.