CNDH reprueba agresión contra manifestación feminista en Cancún

La CNDH reprobó que ayer durante una manifestación contra los feminicidios en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo, presuntamente elementos policiales repelieron con armas de fuego a manifestantes con un saldo de dos periodistas Reyna Cecilia Solís, de Radio Turquesa, y Roberto Becerril, de La Verdad, heridos por bala.

La Comisión, en un comunicado, expresó que en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.
La CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra, urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas.
Advirtió que su utilización, de conformidad con los estándares internacionales, únicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia.
El organismo expresó su preocupación porque esta agresión se da en un contexto nacional de crecientes y alarmantes agresiones contra comunicadores, que impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
"El derecho a la libertad de expresión y de manifestación constituyen los pilares fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas… La obstaculización o limitación a cualquiera de tales derechos no solamente afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también afecta a la sociedad, afectando la percepción de la seguridad colectiva y ocasionando a su vez un daño al tejido social".
La CNDH hizo un llamado a las autoridades para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.