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Ciudad de México.- Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirma que 2017 fue un año de desgracia para el periodismo en México, debido al número de reporteros asesinados en el cumplimiento de su oficio, al informar sobre temas como narco, delincuencia organizada y corrupción.
En entrevista con El Universal, el visitador considera que es necesario que las entidades tengan mecanismos locales de protección para reporteros y no se deje todo al ámbito federal.
Corzo Sosa indica que la impunidad es la constante en las denuncias contra comunicadores, ya que en 90% de las 176 averiguaciones previas no se realizaron los trámites adecuados para garantizar justicia ante las agresiones.
Como es costumbre en los comicios, adelanta, este año el organismo desplegará personal para cuidar los derechos de los comunicadores.
Acaba de terminar 2017, un año en el que las cifras hablan de 13 periodistas asesinados en México. ¿A qué se le puede atribuir esta cifra tan alta?
—Son varios factores. Hablar de 2017 es hablar de un año malo para los periodistas y para los comunicadores, un año de desgracia para los periodistas, de preocupaciones; un año de riesgos fuertes para los que ejercen la labor de comunicación.
¿En México es fácil matar a un periodista y que quede impune?
—Yo no lo diría en esos términos. Lo que te diría es que no hemos tenido buenos resultados en el país en materia de condena a la persona que osó levantar la mano en contra de un periodista.
Nosotros ya hicimos un estudio, una recomendación general que hemos estado señalando una y otra vez, en la que analizamos 176 averiguaciones previas y de esas tenemos más de 90 por ciento de impunidad, porque no se hizo la averiguación correctamente o la carpeta de investigación no se integró correctamente, pero no hay un resultado, o habiendo un resultado, la sentencia no es condenatoria, sino que es absolutoria.
¿Urge hacer una revisión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?
—Se han hecho avances y modificaciones. Desde que se emitió la citada ley, de 2012 a la actualidad, ha pasado por momentos diversos de crisis, se han hecho avances y se ha fortalecido.
Nosotros somos partidarios que existan mecanismos a nivel local, ¿por qué?, porque hay una gran responsabilidad de las entidades. Cuando se asesina a un periodista en un estado inmediatamente entra el mecanismo nacional, pero ¿y a nivel de la entidad federativa qué? ¿Qué no tenían responsabilidad las autoridades locales de lo que estaba pasando? Deben dar una respuesta. El mecanismo nacional no puede sobrevivir siguiendo o tomando los casos a nivel estatal. Algo deben de hacer los estados.
En entrevista con El Universal, el visitador considera que es necesario que las entidades tengan mecanismos locales de protección para reporteros y no se deje todo al ámbito federal.
Corzo Sosa indica que la impunidad es la constante en las denuncias contra comunicadores, ya que en 90% de las 176 averiguaciones previas no se realizaron los trámites adecuados para garantizar justicia ante las agresiones.
Como es costumbre en los comicios, adelanta, este año el organismo desplegará personal para cuidar los derechos de los comunicadores.
Acaba de terminar 2017, un año en el que las cifras hablan de 13 periodistas asesinados en México. ¿A qué se le puede atribuir esta cifra tan alta?
—Son varios factores. Hablar de 2017 es hablar de un año malo para los periodistas y para los comunicadores, un año de desgracia para los periodistas, de preocupaciones; un año de riesgos fuertes para los que ejercen la labor de comunicación.
¿En México es fácil matar a un periodista y que quede impune?
—Yo no lo diría en esos términos. Lo que te diría es que no hemos tenido buenos resultados en el país en materia de condena a la persona que osó levantar la mano en contra de un periodista.
Nosotros ya hicimos un estudio, una recomendación general que hemos estado señalando una y otra vez, en la que analizamos 176 averiguaciones previas y de esas tenemos más de 90 por ciento de impunidad, porque no se hizo la averiguación correctamente o la carpeta de investigación no se integró correctamente, pero no hay un resultado, o habiendo un resultado, la sentencia no es condenatoria, sino que es absolutoria.
¿Urge hacer una revisión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?
—Se han hecho avances y modificaciones. Desde que se emitió la citada ley, de 2012 a la actualidad, ha pasado por momentos diversos de crisis, se han hecho avances y se ha fortalecido.
Nosotros somos partidarios que existan mecanismos a nivel local, ¿por qué?, porque hay una gran responsabilidad de las entidades. Cuando se asesina a un periodista en un estado inmediatamente entra el mecanismo nacional, pero ¿y a nivel de la entidad federativa qué? ¿Qué no tenían responsabilidad las autoridades locales de lo que estaba pasando? Deben dar una respuesta. El mecanismo nacional no puede sobrevivir siguiendo o tomando los casos a nivel estatal. Algo deben de hacer los estados.