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Ciudad de México.- La contratación de personal sin autorización de la SEP ni Hacienda, desorden financiero de administraciones anteriores, malas políticas en jubilaciones, así como prestaciones onerosas en algunos casos, son parte del problema que tiene en jaque al menos a nueve universidades públicas del país.
Son las universidades autónomas de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Estado de México y Michoacán, cuyo déficit en conjunto supera los 16 mil millones de pesos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa padece un déficit de mil 772 millones 212 mil pesos. De acuerdo con el rector del recinto, el déficit acumulado por la universidad se debe a que en los recursos que reciben del gobierno federal no se incluye el pago de jubilados y pensionados ni los docentes del nivel bachillerato.
Desde hace dos décadas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) arrastra un déficit financiero de 2 mil 100 millones de pesos debido al incumplimiento de impuestos ante Hacienda y contribuciones ante el ISSSTE, principalmente.
La institución debe cerca de 900 millones de pesos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); 560 millones, al ISSSTE; 225 millones, al ISR; 248 millones, al Fovissste, y 200 millones al SAT, que suman más de 2 mil 100 millones de pesos.
La crisis financiera en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos existe desde hace tres administraciones. En este momento cuenta con recursos para pagar salarios hasta fin de año, sin embargo, no tiene para aguinaldos ni otras prestaciones laborales.
La deuda pública por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) asciende a mil 556 millones 571 mil pesos, mientras que los pasivos a corto plazo son de 462 millones 646 mil pesos, lo que suma un total de 2 mil 19 millones 217 mil pesos en deudas.
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) cerrará 2019 con un déficit financiero de 655 millones 703 mil 561 pesos, de los cuales 115 millones 394 mil 22 pesos corresponden a este año y requeriría un incremento de 45% en su presupuesto para abatir el déficit, según la secretaria de Finanzas de la institución, Verónica Jiménez Ochoa.