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Foto: Especial
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión “francamente” muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país.
En un mensaje titulado “Liberar el precio de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México” subido a su cuenta de Twitter @EPN, recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas y que la medida no ayudaba al partido político que representa.
“Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país”, dijo.
Por ello, añadió Peña Nieto, “tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina. O hacíamos eso, o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos. Me refiero al Programa Prospera, a la inversión en salud, a la inversión en educación”.
El Jefe del Ejecutivo destacó que liberar el precio de la gasolina, significa que ésta “cueste” sin tener que poner recursos de los mexicanos para que el precio fuera más barato.
Resaltó que la exigencia de recursos que se tiene que destinar a un subsidio que había por parte del gobierno “era ya insostenible”, toda vez que para cuando se toma la decisión, ya se debía más de 200 mil millones de pesos.
Detalló que el 30 por ciento de los mexicanos consume el casi 80 por ciento de toda la gasolina del país y son el 30 por ciento de la población de mayor capacidad económica.
Por ello, añadió, “era una inconsistencia que los más favorecidos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos”.
Se consolidó una sociedad de derechos y libertades, afirma
El gobierno de la República emprendió acciones que tuvieron como eje central del ejercicio al ciudadano y como estrategia, un gobierno abierto al diálogo y a los acuerdos, para fortalecer la relación con la sociedad civil y sus organizaciones, los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Al abordar el tema de la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el Sexto Informe de Gobierno, dijo que ésta se fundamenta en un diálogo abierto y permanente con los distintos actores políticos y sociales.
Esas acciones, anotó el Jefe del Ejecutivo, han contribuido a consolidar una sociedad de derechos y libertades, que impacta en un mayor crecimiento económico, en el acceso equitativo a la seguridad y justicia, así como en garantizar una mayor transparencia y combate a la corrupción.
“La gobernabilidad democrática se fundamenta en un diálogo abierto y permanente con los distintos actores políticos y sociales para contribuir a consolidar una sociedad de derechos y libertades, que impacta en un mayor crecimiento económico, en el acceso equitativo a la seguridad y justicia, así como en garantizar una mayor transparencia y combate a la corrupción”, resaltó.
De acuerdo al punto 1.1 del texto presidencial, denominado “Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, se tramitaron 235 asuntos y se resolvieron 85, entre controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de revisión en materia de seguridad nacional, juicios de amparo, entre otros.
Refiere que el Gobierno de la República promovió campañas de comunicación social para difundir información entre los diferentes sectores de la población, para promover valores democráticos que contribuyan a consolidar una sociedad inclusiva en la que se respeten los derechos, fomenten la cohesión social y promuevan el respeto a todos los grupos vulnerables.
En la agenda legislativa del Ejecutivo Federal para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se contabilizaron 123 iniciativas ante el Congreso de la Unión y 18 para reformas constitucionales.
Además, 12 correspondientes a las leyes de ingresos y presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales de 2013 a 2018, se presentaron 33 iniciativas para expedir nuevas legislaciones y 55 reformas a diversas leyes secundarias.
De las iniciativas presentadas, 99 fueron aprobadas, una quedó atendida y 22 se encuentran pendientes.
En tanto, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de este año, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó mil 445 acciones, entre las que destacan: 124 consultas, 132 instrumentos internacionales y plenos poderes, 789 patentes y despachos de las Fuerzas Armadas, 52 Acuerdos, 105 Decretos Legislativos, 85 Decretos, 13 reglamentos.
De acuerdo a los indicadores para el desarrollo social y federalismo, el Jefe del Ejecutivo precisó que se transfirieron a los gobiernos estatales cuatro mil 443 millones de pesos, y a los gobiernos municipales 32 mil 212 millones de pesos.
“Con estos recursos, de manera preliminar, los gobiernos locales reportaron a la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) la planeación de un total de 64 mil 996 proyectos que corresponden a 42,773.1 millones de pesos reportados”, refiere el texto.
El documento indica que en atención a las demandas de la sociedad, se mantuvo una comunicación efectiva que contribuyó a resolver diversos conflictos sociales privilegiando el diálogo y la interlocución con los actores involucrados; mientras que para impulsar la solución de conflictos, se realizaron mil 299 acuerdos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo el Gobierno Federal llevó a cabo mil 149 audiencias con actores sociales para coadyuvar en la distensión de conflictos en los estados y municipios que integran la República Mexicana.
En cuanto a la atención de demandas ciudadanas, se realizaron mil 700 reuniones de trabajo con autoridades, federales, estatales y municipales, a fin de atender o, en su caso, solucionar diversas problemáticas sociales.
De igual forma, se promovieron campañas de comunicación social para difundir información entre los diferentes sectores de la población, para promover valores democráticos que contribuyan a consolidar una sociedad inclusiva en la que se respeten los derechos, fomenten la cohesión social y promuevan el respeto a todos los grupos vulnerables.
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión “francamente” muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país.
En un mensaje titulado “Liberar el precio de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México” subido a su cuenta de Twitter @EPN, recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas y que la medida no ayudaba al partido político que representa.
“Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país”, dijo.
Por ello, añadió Peña Nieto, “tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina. O hacíamos eso, o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos. Me refiero al Programa Prospera, a la inversión en salud, a la inversión en educación”.
El Jefe del Ejecutivo destacó que liberar el precio de la gasolina, significa que ésta “cueste” sin tener que poner recursos de los mexicanos para que el precio fuera más barato.
Resaltó que la exigencia de recursos que se tiene que destinar a un subsidio que había por parte del gobierno “era ya insostenible”, toda vez que para cuando se toma la decisión, ya se debía más de 200 mil millones de pesos.
Detalló que el 30 por ciento de los mexicanos consume el casi 80 por ciento de toda la gasolina del país y son el 30 por ciento de la población de mayor capacidad económica.
Por ello, añadió, “era una inconsistencia que los más favorecidos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos”.
Se consolidó una sociedad de derechos y libertades, afirma
El gobierno de la República emprendió acciones que tuvieron como eje central del ejercicio al ciudadano y como estrategia, un gobierno abierto al diálogo y a los acuerdos, para fortalecer la relación con la sociedad civil y sus organizaciones, los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Al abordar el tema de la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el Sexto Informe de Gobierno, dijo que ésta se fundamenta en un diálogo abierto y permanente con los distintos actores políticos y sociales.
Esas acciones, anotó el Jefe del Ejecutivo, han contribuido a consolidar una sociedad de derechos y libertades, que impacta en un mayor crecimiento económico, en el acceso equitativo a la seguridad y justicia, así como en garantizar una mayor transparencia y combate a la corrupción.
“La gobernabilidad democrática se fundamenta en un diálogo abierto y permanente con los distintos actores políticos y sociales para contribuir a consolidar una sociedad de derechos y libertades, que impacta en un mayor crecimiento económico, en el acceso equitativo a la seguridad y justicia, así como en garantizar una mayor transparencia y combate a la corrupción”, resaltó.
De acuerdo al punto 1.1 del texto presidencial, denominado “Promover y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, se tramitaron 235 asuntos y se resolvieron 85, entre controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de revisión en materia de seguridad nacional, juicios de amparo, entre otros.
Refiere que el Gobierno de la República promovió campañas de comunicación social para difundir información entre los diferentes sectores de la población, para promover valores democráticos que contribuyan a consolidar una sociedad inclusiva en la que se respeten los derechos, fomenten la cohesión social y promuevan el respeto a todos los grupos vulnerables.
En la agenda legislativa del Ejecutivo Federal para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se contabilizaron 123 iniciativas ante el Congreso de la Unión y 18 para reformas constitucionales.
Además, 12 correspondientes a las leyes de ingresos y presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales de 2013 a 2018, se presentaron 33 iniciativas para expedir nuevas legislaciones y 55 reformas a diversas leyes secundarias.
De las iniciativas presentadas, 99 fueron aprobadas, una quedó atendida y 22 se encuentran pendientes.
En tanto, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de este año, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó mil 445 acciones, entre las que destacan: 124 consultas, 132 instrumentos internacionales y plenos poderes, 789 patentes y despachos de las Fuerzas Armadas, 52 Acuerdos, 105 Decretos Legislativos, 85 Decretos, 13 reglamentos.
De acuerdo a los indicadores para el desarrollo social y federalismo, el Jefe del Ejecutivo precisó que se transfirieron a los gobiernos estatales cuatro mil 443 millones de pesos, y a los gobiernos municipales 32 mil 212 millones de pesos.
“Con estos recursos, de manera preliminar, los gobiernos locales reportaron a la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) la planeación de un total de 64 mil 996 proyectos que corresponden a 42,773.1 millones de pesos reportados”, refiere el texto.
El documento indica que en atención a las demandas de la sociedad, se mantuvo una comunicación efectiva que contribuyó a resolver diversos conflictos sociales privilegiando el diálogo y la interlocución con los actores involucrados; mientras que para impulsar la solución de conflictos, se realizaron mil 299 acuerdos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo el Gobierno Federal llevó a cabo mil 149 audiencias con actores sociales para coadyuvar en la distensión de conflictos en los estados y municipios que integran la República Mexicana.
En cuanto a la atención de demandas ciudadanas, se realizaron mil 700 reuniones de trabajo con autoridades, federales, estatales y municipales, a fin de atender o, en su caso, solucionar diversas problemáticas sociales.
De igual forma, se promovieron campañas de comunicación social para difundir información entre los diferentes sectores de la población, para promover valores democráticos que contribuyan a consolidar una sociedad inclusiva en la que se respeten los derechos, fomenten la cohesión social y promuevan el respeto a todos los grupos vulnerables.