Detienen a otro policía implicado en asesinato de jóvenes en Sinaloa
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Un tercer elemento de la Policía Estatal Preventiva, involucrado en el asesinato de las jóvenes primas y universitarias Andrea "A" y Carolina "A" y la retención ilegal de dos personas más que acompañaban a las víctimas, fue detenido por los delitos de homicidio calificado con ventaja, abuso de autoridad, entre otros.
La Fiscalía General del Estado identificó al detenido, como Luis Antonio "B", quien junto con tres elementos más de la misma corporación, fueron identificados como los presuntos responsables de las muertes de las dos jóvenes, originarias de Tamazula, Durango, la madrugadas del 27 de enero del 2020, en la sindicatura de Sanalona, en Culiacán.
Sobre Luis Antonio "N", se expuso que fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, en espera de programación de fecha y hora para celebrar la audiencia inicial para formulación de la imputación.
De acuerdo a las investigaciones abiertas, las madrugada del lunes 27 de enero del 2020, las primas, Andrea, Carolina y Dulce María, en compañía de Julio César "N", a bordo de un vehículo, abandonaban una zona cercana a la presa Sanalona, ubicada en la parte nororiente de la capital del estado.
Los jóvenes universitarios, originarios de Tamazula, Durango, pero con residencia provisional en Culiacán, por ser estudiantes, fueron alcanzados por disparos de arma de fuego, de un grupo de veinte elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales argumentaron que habían sido atacados por los ocupantes de la unidad.
Andrea y Carolina, identificadas, como familiares cercanas del gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro, quedaron muertas dentro de la unidad y sus dos acompañantes, fueron retenidos por varias horas por los policías, los cuales los pasearon por varios lugares, bajo el argumento que ellos les habían disparado.
Dulce María y Julio César, por espacio de ocho horas, estuvieron retenidos por los agentes estatales preventivos, los cuales por la mañana, los llevaron al ministerio público del fuero común, el cual no procedió contra ellos, por el tiempo que transcurrió entre el hecho reportado y su presunta consignación, puesto que no se configuró la flagrancia.
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