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Foto: Archivo
La diputada de Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla, informó que impulsa reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a fin de proteger a los agentes delatores de un secuestro.
“El objetivo es proteger a los agentes delatores de un secuestro, para que cuando develen datos o información contribuyan a que la autoridad persecutora actúe de manera plena, eficaz y oportuna en su tarea de rescate y/o salvaguarda de la vida de aquellas personas víctimas de este delito”, añadió en un comunicado.
La también secretaria de la Mesa Directiva explicó que su propuesta plantea reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 12 de dicha legislación, que actualmente señalan que se aplicarán penas a quien, habiendo participado en la planeación de un secuestro, dé noticia e información a la autoridad para liberar o localizar a la víctima.
Señaló que la privación de la libertad es un delito que regularmente no se denuncia, ya que las víctimas ceden para llegar a una negociación que implica el pago de un rescate; sin embargo, lamentó que, independientemente del carácter y medios con los que se busque la liberación de la víctima, los resultados sean funestos.
“Quienes son privados ilegalmente de su libertad, así como sus familiares y conocidos, son sometidos a constantes estados de zozobra, causando un daño que perdura por tiempo indefinido”.
Ocampo Bedolla hizo notar que "el secuestro se ha convertido en una industria que genera a la delincuencia enormes ganancias, ya que pese a los esfuerzos de las autoridades para abatir el fenómeno, no se ha conseguido mermar significativamente su incidencia”.
La diputada de Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla, informó que impulsa reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a fin de proteger a los agentes delatores de un secuestro.
“El objetivo es proteger a los agentes delatores de un secuestro, para que cuando develen datos o información contribuyan a que la autoridad persecutora actúe de manera plena, eficaz y oportuna en su tarea de rescate y/o salvaguarda de la vida de aquellas personas víctimas de este delito”, añadió en un comunicado.
La también secretaria de la Mesa Directiva explicó que su propuesta plantea reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 12 de dicha legislación, que actualmente señalan que se aplicarán penas a quien, habiendo participado en la planeación de un secuestro, dé noticia e información a la autoridad para liberar o localizar a la víctima.
Señaló que la privación de la libertad es un delito que regularmente no se denuncia, ya que las víctimas ceden para llegar a una negociación que implica el pago de un rescate; sin embargo, lamentó que, independientemente del carácter y medios con los que se busque la liberación de la víctima, los resultados sean funestos.
“Quienes son privados ilegalmente de su libertad, así como sus familiares y conocidos, son sometidos a constantes estados de zozobra, causando un daño que perdura por tiempo indefinido”.
Ocampo Bedolla hizo notar que "el secuestro se ha convertido en una industria que genera a la delincuencia enormes ganancias, ya que pese a los esfuerzos de las autoridades para abatir el fenómeno, no se ha conseguido mermar significativamente su incidencia”.