Riesgos de la Elección Popular en el Poder Judicial según la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, se pronunciaron en contra de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, propuesta en la reforma al Poder Judicial, promovida por el Ejecutivo federal.

Señalaron que dicho método promueve la injerencia de entes externos con intereses ajenos al Poder Judicial, con lo cual se minaría su independencia, y también pondría en riesgo a aquellas personas que quieran participar en el proceso para acceder a un cargo.

Además, advirtieron que con las principales propuestas, como crear un Tribunal de Disciplina y reducir el salario de los integrantes del Poder Judicial, en lugar de fortalecerlo, provocaría un retroceso en su funcionamiento.

Durante la inauguración de los foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, que se llevarán a cabo hasta el 1 de agosto, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, subrayó que un tema toral de los debates será cómo garantizar la independencia del Poder Judicial.

"Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas", expresó.

Reconoció que es necesario reformar al Poder Judicial para terminar con sus deficiencias y reforzar la confianza de la ciudadanía, pero no trastocar su independencia, porque representaría un retroceso.

"Estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, sin duda han sido dos siglos de una evolución política azarosa, en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente al federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias", dijo.

En su turno, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que la elección popular de ministros, magistrados y jueces debilitaría al Poder Judicial.

"Seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverán los problemas existentes, y en cambio derogará avances logrados a lo largo de décadas".

Por el contrario, dijo que "la elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder", además de que los inmiscuirá en la política y los pondría en riesgo de ser víctimas del crimen.

"Nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de capacidad de los elegidos. La elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia. Una elección expone a candidatos a tensiones políticas. Este no es un escenario ideal para los juzgadores, además, en México muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes", explicó.

Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la independencia del Poder Judicial "no es un lujo, sino una condición sine qua non".

"Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico. Pues cuando el Poder Judicial no goza de independencia y existe una subordinación a intereses ajenos, se corre el riesgo del que la justicia se trastoque en un instrumento", subrayó.

Por su parte, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, desestimó la iniciativa constitucional propuesta por el presidente López Obrador y apoyada por Morena y sus aliados, al afirmar que la reforma debe partir de un estudio riguroso.

"La reforma judicial debe partir necesariamente de un riguroso estudio de su funcionamiento integral, de sus partes, y de todo aquello que efectivamente puede mejorar y fortalecer al sistema y a sus partes".

En el Auditorio Alfonso Caso, este lunes debatieron sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); hoy, el foro se realizará en la FES Aragón para abordar la creación del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, propuestos por el presidente López Obrador.