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Ciudad de México.- En México se han registrado al menos mil 504 víctimas de desaparición forzada en los últimos cinco años.
Se trata de un delito cometido con ayuda de autoridades de los tres niveles de gobierno y que en la mayoría de los casos permanece en la impunidad.
Desde 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha hecho un registro de las personas afectadas directamente por este ilícito, así como las que lo viven cuando algún familiar sale de su casa y desaparece sin dejar rastro.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Amnistía Internacional son algunas de las instancias y asociaciones que se han pronunciado sobre el tema, pidiendo al gobierno que actúe de forma inmediata y que castigue a los responsables.
Aunque especialistas consultados aseguraron que los contextos y los perfiles de las víctimas son variados, la desaparición forzada no distingue género; la CEAV contabiliza 810 hombres afectados y 694 mujeres.
Este viernes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en medio de un cúmulo de casos que va en aumento en el país, pues las cifras de esta dependencia advierten sobre un crecimiento de hasta 48 damnificados. Esto ocurrió porque en 2015 la CEAV agregó al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a 171 personas, pero en el 2018 el dato subió a 326.
Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que el nivel de acceso a la justicia aún es muy bajo: “La Fiscalía General de la República [FGR], entre 2006 y 2018, ha iniciado mil 144 investigaciones penales relacionadas a la desaparición forzada, pero sólo 19 fueron consignadas, es decir, 2% de las indagatorias continuaron su curso”.


