Exconsejeros electorales rechazan reforma de AMLO
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Exconsejeros electorales advirtieron que la iniciativa presidencial de reforma electoral es nociva para el país, ya que, lejos de representar un avance para la democracia, es un riesgo de retroceso, pues pretende la concentración del poder y atenta contra el sistema electoral democrático que hemos construido a lo largo de tres décadas.
Entrevistados por separado, los exconsejeros electorales Luis Carlos Ugalde, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños consideraron que la propuesta tiene elementos positivos que se pueden discutir, pero la gran mayoría de los puntos que la integran son por lo menos cuestionables.
Luis Carlos Ugalde resaltó que la iniciativa se inscribe en un contexto de polarización política, lo que anula las posibilidades de que prospere.
"Esta propuesta no va a pasar, no va a prosperar. El Presidente la va a usar para su propaganda política, y eso me parece que al final es negativo para el país", apuntó.
El exconsejero electoral Arturo Sánchez señaló que la iniciativa presidencial parte de una percepción equivocada de lo que ha sido la historia electoral de nuestro país.
También rechazó la propuesta de que el pueblo elija a los consejeros electorales, ya que para desempeñar ese cargo se requieren ciertos conocimientos y no es asunto de popularidad.
"El punto es que los consejeros electorales no son gobernantes, son conductores y directores de una institución electoral, que se encarga de una tarea muy técnica que es organizar las elecciones y vigilar el cumplimiento de la ley. Para eso se necesita saber, para eso no se necesita popularidad", aclaró.
Arturo Sánchez se pronunció en contra de la propuesta de reducir el número de consejeros electorales de 11 a siete, pues aseguró que eso no garantiza un mejor funcionamiento del INE.
El también exconsejero electoral Marco Antonio Baños señaló que a pesar de que la propuesta contiene cosas positivas como el voto electrónico y la disminución de plurinominales, está inspirada en un cobro de facturas contra los actuales consejeros del INE y de aprobarse implicaría un severo riesgo de retroceso democrático.
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