Excoordinadores del FCCyT califican acusaciones de FGR como "sorprendentes e infundadas"

Los ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. calificaron las acusaciones ante la Fiscalía General de la República como "sorprendentes e infundadas"; además, ofrecen una relatoría de los hechos y aseguran que las funciones y el uso de los recursos públicos fueron hechos en el marco de la ley.
José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña enviaron una carta dirigida a miembros de la comunidad, medios de comunicación y sociedad.
Los investigadores explican que el FCCyT A.C. no es un empresa privada como lo señaló la FGR en su comunicado, sino que fue creado por mandato de ley en 2002 con el objetivo de que hubiera un espacio que albergara las opiniones de la comunidad científica, académica, tecnológica y el sector productivo y que participará en los órganos representativos del sistema como un ente autónomo.
Asimismo, recuerdan que la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Conacyt otorgará los apoyos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, mientras que en el Estatuto Orgánico del Consejo se estableció que el Foro se constituía como una asociación civil y así fue hasta el 11 de diciembre de 2019, cuando fue publicada en el DOF la modificación al Estatuto.
Además, aseguran que durante más de 18 años, el FCCyT funcionó como una asociación civil autónoma y con financiamiento de Conacyt, cuyos resultados del trabajo pueden ser consultados en la página: https://foroconsultivo.org.mx
Los excoordinadores apuntan que la actual administración del Conacyt buscó desconocerla autonomía legal de este ente jurídico "pese la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología". Además, a partir de junio de 2019 el Consejo a cargo de María Elena Álvarez Buylla "incumplió la obligación establecida en el artículo 38 de dicha Ley y se negó a otorgar el financiamiento requerido para su funcionamiento".
Por ello, recordaron, la Mesa Directiva del FCCyT decidió promover un amparo. y que un Juez de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, encontrando a la actual a Álvarez Buylla en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio.
"Este fallo fue recurrido por las autoridades de Conacyt y el asunto fue atraído por la Suprema Corte por su importancia y trascendencia", explican.
Los investigadores también apuntaron que durante el litigio instaurado por el FCCyT, AC. el Conacyt modificó la situación jurídica del Foro a través de diversas reformas al estatuto en específico la del día 11 de diciembre de 2019, por lo que a partir de ese momento el Foro sería un órgano interno de consulta de Conacyt, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios; señalaron un nuevo Secretario Técnico y dieron inicio a una operación de la Mesa Directiva al interior de Conacyt.
"En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en la sentencia dictada bajo el expediente número 76/2021 en fecha 24 de agosto de este año, sobreseer el juicio de amparo promovido por el FCCyT A.C".
Así, la sentencia resulta relevante pues establece la legalidad del funcionamiento del FCCyT conforme a las disposiciones vigentes en su momento.
Los investigadores aclaran que han tenido constancias favorables del uso de recursos, que todas las cuentas han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma y todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas.
En la carta, los ex coordinadores también destacan que la mesa directiva de FCCyT, A.C. está conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y son electos por sus pares para ocupar esta posición.
Miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron acusados, por la propia dirección del Conacyt, ante la FGR por cuatro delitos.
Sin embargo, se dio a conocer que un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados, lo que la comunidad científica celebró.
Aunque más tarde la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez.

Desistimiento de acusaciones, demanda ProCienciaMX
La Red ProCienciaMX que reúne a científicos del país publicó convoca a la comunidad académica del país a sumarse al rechazo de la "acción arbitraria" contra 31 científicos y personal administrativo. En un pronunciamiento, expresó que la comunidad científica y académica de México está viviendo una situación de preocupación, incertidumbre y zozobra después de que 31 colegas han sido acusados/as penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Añade que la Fiscalía construyó dicha acusación sobre la base de una denuncia que la doctora Álvarez-Buylla, directora general de Conacyt, formuló previamente en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT AC).
"ProCienciaMX –expresa el comunicado—se suma a la indignación manifestada por muchas voces de la academia de todo el país, por estos hechos que criminalizan indebidamente a 31 colegas y pasan por encima de las decisiones y opiniones del poder judicial. No solamente las de un juez federal, sino la arriba mencionada de la Suprema Corte. Las acusaciones de la FGR son presentadas ante la opinión pública como destinadas a defender una lucha justificada y legal en contra de la corrupción en el sector académico y científico".
La Red expresa que los argumentos parece más bien un distractor para no enfrentar las múltiples preocupaciones del sector. Entre ellas el posible cambio de estatuto laboral de los investigadores de los Centros Públicos de Investigación hacia la calidad de funcionarios públicos; la súbita desaparición del programa Cátedras Conacyt anunciada este jueves mismo, así como el cambio arbitrario de sus lineamientos en perjuicio de cientos de jóvenes investigadores; el retraso y la discrecionalidad en la asignación de becas a estudiantes doctorales y a doctores para estancias posdoctorales, que están creando incertidumbre en la nueva generación de investigadores.
También señala que está la largamente pospuesta discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la Unión. Muchas voces de la academia y del sector de ciencia, tecnología e innovación se han opuesto al núcleo central del anteproyecto de ley propuesto por Conacyt, debido a la insuficiente representatividad de los gobiernos estatales y de la comunidad académica, al deficiente esquema de financiamiento de la investigación y a la falta de mecanismos de consulta a la sociedad.
Otras voces se suman
En otro desplegado, más de 15 miembros de la Academia de Ciencias de Baja California A.C., manifestaron en una carta su firme oposición al hostigamiento de la comunidad científica de México por parte de la Fiscalía General de la República.
"El proceder de FGR, acusando a 31 de nuestros colegas de delincuencia organizada para encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad, representa un agravio a la comunidad científica del país. La acusación que se ha lanzado desde la FGR en contra de destacados científicos mexicanos es absurda e impropia para un país que requiere de una comunidad científica consolidada que contribuya a resolver los problemas urgentes de la nación".
Lamentan que a pesar de la negativa del juez a girar las órdenes de aprehensión, la FGR haya expresado su intención de continuar con la solicitud de las órdenes de aprehensión. "Se trata de un acto intimidatorio, impropio de un país gobernado bajo los principios de un Estado de Derecho. Además, estas acciones representan un desperdicio de recursos materiales y humanos por parte de la Fiscalía, en un país que vive un ambiente de violencia nunca visto".