Exigen frenar la reforma judicial

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a asumir con responsabilidad histórica la defensa de la independencia judicial y no permanecer en silencio ante este golpe de Estado.

También instaron a las organizaciones de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos de todo el mundo a condenar este retroceso democrático que coloca a México al lado de las autocracias, luego de que el Senado realizó la insaculación (tómbola) de 464 magistrados de Circuito y 386 jueces federales para la elección de 2025, cuando se elegirán por voto popular.

La jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, dijo que “esta reforma que elimina la independencia judicial compromete los tratados internacionales que México ha firmado”, especialmente el tratado de libre comercio entre el país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Acompañada de magistrados, Fuentes añadió que el tratado exige a los países miembros mantener un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales.

“En primer lugar, no respeta la especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T- MEC”, expresó la jueza en conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La titular de la asociación abundó en que la falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversionistas y desincentivar la inversión en el país.

La jueza afirmó que los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y al respeto a sus derechos humanos, que están en riesgo.

Indicó que la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solamente afecta a los ciudadanos, sino que también compromete la confianza en el sistema judicial, mismo que resulta crucial para lograr el desarrollo económico del país.