A-AA+
Ciudad de México.- Tras más de dos años de juicio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió expulsar de sus filas al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Duarte Jáquez es actualmente prófugo de la justicia y tiene al menos 21 órdenes de aprehensión por el delito de peculado en diversas modalidades.
De tal decisión se informó ya al Comité Directivo Estatal del tricolor, en Chihuahua, para que proceda a dar de baja a Duarte Jáquez.
“Por instrucciones del diputado y licenciado Ernesto Nemer Álvarez, secretario técnico del Consejo Político Nacional, y en atención al expediente CNJP-PS-CDMX.258/2016 de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria por el que se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano César Duarte Jáquez”, se expuso en un comunicado del PRI.
Apenas en octubre pasado la Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidió suspender los derechos político-partidarios a César Duarte Jáquez.
De acuerdo con la sentencia, se consideró que el ex gobernador generó un daño irreparable al partido y para evitar que deteriore aún más la imagen para el proceso electoral 2018-2019. Conforme con el documento de la sentencia, Duarte Jáquez actúo de manera indebida y contraria a lo que marcan los estatutos del partido, respecto de un militante funcionario federal.
“De no emitirse la medida cautelar correspondiente durante la tramitación del procedimiento sancionador, se permitiría la posibilidad de que César Duarte Jáquez se presente de nuevo, en nombre del Partido Revolucionario Institucional, en el proceso electoral 2018-2019, que ya inició en cinco estados de la República mexicana, con la consiguiente afrenta al resto de militantes, la ciudadanía y el prestigio del partido y con la imposibilidad de poder reparar esa afectación”, determinó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
La primera solicitud de detención data del 28 de marzo de 2017 a la par que la ficha roja lanzada por la Interpol el 31 de marzo de ese año. Los delitos de peculado agravado y delito electoral tienen penalidad que oscila entre 4 y 12 años de prisión cada uno.