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Ciudad de México.- Ana Rueda llevaba 13 de sus 48 años trabajando en Notimex. Sindicalizada como trabajadora de base, esta editora tuvo una muerte en su familia a principios de junio. “[Era] la esposa de mi único hijo”, cuenta, así que avisó a sus jefes y al sindicato y les pidió un par de días para poder acompañar en el duelo. Tras el luto volvió a su puesto de trabajo, pero a la semana la llamó la directora editorial a su despacho, donde estaban otros dos superiores.
“Me dijo que no había nada que hacer, que tenía dos faltas injustificadas y [por eso] me despedían”, comenta. Le pusieron delante un documento: “Me dijo que tenía que firmar mi renuncia, que me aconsejaba que lo hiciera. Todo el rato me pedían firmar. Yo me negué. Cuando salí de su despacho, me vino a buscar un policía con uno de los ejecutivos para acompañarme a mi lugar a recoger mis cosas y escoltarme hasta la puerta”. Rueda tiene ese paseo grabado, además de en su memoria, en video.
De acuerdo con una base de datos suministrada vía transparencia por la Secretaría de la Función Pública, entre trabajadores de base, confianza, honorarios y eventuales, han presentado su renuncia al menos 21 mil 727 en 263 dependencias y organismos desde el 1 de diciembre hasta el 15 de mayo.
Los funcionarios públicos despedidos relatan presiones similares para hacerles presentar su renuncia, y ninguno recuerda un cambio de administración tan agresivo como éste en el ámbito laboral.