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Ciudad de México.- Provienen de todos lados. De los lugares más opuestos y alejados de Guerrero. Desde llanos hasta sierras selváticas. De zonas frías y cálidas, a más de 2 mil metros de altura o al nivel del mar. Juntos podrían fundar un nuevo municipio, uno creado por quienes se han visto obligados a huir de la violencia en el estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 12 mil 590, de los 185 mil que hay en todo México.
Los datos para documentar el tema saltan de una cantidad a otra, dependiendo de la oficina. El Inegi maneja 12 mil 590 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, la más reciente en su tipo. La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero registra 528. La Secretaría de Gobierno de Guerrero contabiliza más de 2 mil.
Que 2014 sea el año en que el Inegi levantó su encuesta no es casual. Fue cuando el fenómeno se acentuó para alcanzar su nivel actual. Apenas en enero, 415 habitantes de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, huyeron del pueblo y todavía la mitad de las familias se refugia en una estancia habilitada por el DIF municipal. En ese año también, en respuesta a la emergencia, el Congreso estatal promulgó la ley 487 “para prevenir y atender el desplazamiento interno”, así como para brindar atención a 441 familias en éxodo que aparecían en esos momentos en sus registros.
“El gobierno los está invisibilizando”, afirma Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y coordinador del Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, una organización no gubernamental que acompaña a familias en su trance de un lugar a otro, de una vida a otra.
“Lo que hace el estado es disgregarlos, aquí y allá”, juzga. “Quiere que pasen inadvertidos. Les ofrece dinero para que den por solucionado su problema y de lo que no se dan cuenta es que apenas comienza”, asegura.
Muchos prefirieron irse con parientes que viven en la cabecera o en el municipio vecino de Teloloapan y los que se quedaron fueron a Chilpancingo para pedir que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) les ayude a conseguir un predio donde vivan, porque no quieren estar todo el tiempo “de mendigos” como refugiados en las oficinas municipales.
“No vamos a regresar, aunque queramos, no hay cómo”, dijo en entrevista con reporteros Javier Reyna Delgado, uno de los jefes de familia en representación de los desplazados.
Los datos para documentar el tema saltan de una cantidad a otra, dependiendo de la oficina. El Inegi maneja 12 mil 590 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, la más reciente en su tipo. La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero registra 528. La Secretaría de Gobierno de Guerrero contabiliza más de 2 mil.
Que 2014 sea el año en que el Inegi levantó su encuesta no es casual. Fue cuando el fenómeno se acentuó para alcanzar su nivel actual. Apenas en enero, 415 habitantes de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, huyeron del pueblo y todavía la mitad de las familias se refugia en una estancia habilitada por el DIF municipal. En ese año también, en respuesta a la emergencia, el Congreso estatal promulgó la ley 487 “para prevenir y atender el desplazamiento interno”, así como para brindar atención a 441 familias en éxodo que aparecían en esos momentos en sus registros.
“El gobierno los está invisibilizando”, afirma Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y coordinador del Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, una organización no gubernamental que acompaña a familias en su trance de un lugar a otro, de una vida a otra.
“Lo que hace el estado es disgregarlos, aquí y allá”, juzga. “Quiere que pasen inadvertidos. Les ofrece dinero para que den por solucionado su problema y de lo que no se dan cuenta es que apenas comienza”, asegura.
Muchos prefirieron irse con parientes que viven en la cabecera o en el municipio vecino de Teloloapan y los que se quedaron fueron a Chilpancingo para pedir que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) les ayude a conseguir un predio donde vivan, porque no quieren estar todo el tiempo “de mendigos” como refugiados en las oficinas municipales.
“No vamos a regresar, aunque queramos, no hay cómo”, dijo en entrevista con reporteros Javier Reyna Delgado, uno de los jefes de familia en representación de los desplazados.