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CIUDAD DE MÉXICO.- Las armas de fuego que se utilizan en la Ciudad para cometer diversos delitos como el robo e incluso, ejecuciones, no siempre llegan de contrabando a las calles, son compradas en el mercado negro ni están ligadas directamente al crimen organizado.
Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina revelan que muchas armas que se utilizan para cometer ilícitos son robadas a policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a guardaespaldas, policías federales, así como a ex militares y oficiales retirados que en ocasiones fungen como choferes o personal de confianza de empresarios y comerciantes.
En este sentido, las denuncias de parte de los elementos de esas corporaciones afectadas muestran un incremento en las carpetas de investigación desde 2017, donde uniformados han denunciado que son víctimas del robo de sus armas.
Según las denuncias, a los policías preventivos los amagan en horas de trabajo —entre dos o tres delincuentes— y los despojan de su arma de cargo, mientras que a los policías federales y ex militares habilitados como guardaespaldas, les roban las armas de sus vehículos, les dan un “cristalazo” y se llevan pistolas con todo y el permiso de portación.
Mientras que en 2015 y 2016, en el desglose del delito en el rubro de robo a negocio, instituciones privadas e instituciones públicas con violencia, se abrieron 125 y 150 carpetas de investigación, respectivamente, en 2017 la cifra aumentó hasta 250, es decir, 100 casos más que en el año anterior, un promedio de 20 atracos al mes y todos bajo el mismo modus operandi.
Los números revelan que el sector más afectado es la SSP, después ex militares y policías federales, quedando en tercer lugar los guaruras.
Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina revelan que muchas armas que se utilizan para cometer ilícitos son robadas a policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a guardaespaldas, policías federales, así como a ex militares y oficiales retirados que en ocasiones fungen como choferes o personal de confianza de empresarios y comerciantes.
En este sentido, las denuncias de parte de los elementos de esas corporaciones afectadas muestran un incremento en las carpetas de investigación desde 2017, donde uniformados han denunciado que son víctimas del robo de sus armas.
Según las denuncias, a los policías preventivos los amagan en horas de trabajo —entre dos o tres delincuentes— y los despojan de su arma de cargo, mientras que a los policías federales y ex militares habilitados como guardaespaldas, les roban las armas de sus vehículos, les dan un “cristalazo” y se llevan pistolas con todo y el permiso de portación.
Mientras que en 2015 y 2016, en el desglose del delito en el rubro de robo a negocio, instituciones privadas e instituciones públicas con violencia, se abrieron 125 y 150 carpetas de investigación, respectivamente, en 2017 la cifra aumentó hasta 250, es decir, 100 casos más que en el año anterior, un promedio de 20 atracos al mes y todos bajo el mismo modus operandi.
Los números revelan que el sector más afectado es la SSP, después ex militares y policías federales, quedando en tercer lugar los guaruras.