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Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó ayer que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” en el sistema financiero mexicano.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto empresarios como a ex servidores públicos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que a partir de la reforma energética muchas gasolineras compran a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de importar combustibles; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera.
“Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”, puntualizó.
Indicó que se detectaron ya cinco casos que se llevaron ante la Procuraduría General de la República (PGR): “En esos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un exalcalde, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”, abundó.
La jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que ya se analizó la información del ejercicio fiscal 2017 solicitado a Pemex, “cruzándola con las bases de datos nuestras relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio”.
De esta manera se identificaron a 194 contribuyentes “con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos”.
Agregó que de dicha cantidad, “mil 742 millones de pesos se generaron en estaciones de servicio ubicadas en siete entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla, el resto del quebranto se reparte en las demás”.
Con esa información se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.