Independencia del PJ, derecho del pueblo: Piña

Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, llamó a preservar la independencia judicial, que definió como un “derecho del pueblo” y “patrimonio de la humanidad”.

Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, en colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ministra afirmó que la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, como se sostiene en el sistema interamericano de DH.

“Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, cuando la Corte Interamericana consideró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes temas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución”.

La ministra Piña Hernández señaló: “alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendrían vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial”.

Acompañada del representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, y de la directora del IIJ-UNAM, Mónica González Contró, la ministra afirmó que nadie tiene “la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún, si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial que, insisto… no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables”.

Por su parte, el representante de ONU-DH, Jesús Peña Palacios consideró que en México existe consenso sobre la necesidad de una reforma judicial, que debería darse a partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia y que abarque a todas las instituciones del sistema de justicia.