A-AA+
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez abrió un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, por supuestamente saber de desvío de fondos y no denunciarlo, y dictó prisión su preventiva, con lo que se convirtió en el primer miembro del gabinete del exmandatario en pisar la cárcel.
Robles está acusada de “ejercicio indebido del servicio público”. Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.
El juez también solicitó a la Fiscalía General que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto lo que ocurría en sus departamentos, explicó a la AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades. Nadie duda del impacto de este procesamiento, el primer gran caso que se judicializa contra un funcionario de alto nivel de la anterior administración. Sin embargo, mientras algunos analistas lo consideran una muestra de la voluntad política del gobierno de López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, otros piden tiempo para ver si esta tendencia se consolida.
Rosario Robles insistió en su inocencia hasta poco antes de ingresar a una cárcel del sur de la capital. “Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí”, declaró a la prensa durante la audiencia, y dijo estar “con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
Su abogado, Julio Hernández, se quejó de la utilización política del caso, denunció el uso de “argucias y artimañas” por parte del juez y confió en que la exfuncionaria quede en libertad en cuestión de días.
Hernández negó que Robles haya implicado al expresidente y detalló que aunque reconoció que había un canal de comunicación entre ellos “jamás dijo que había puesto de su conocimiento algún hecho que pudiera considerarse delictivo”.
Aseguró que la prisión preventiva no se justifica porque se la acusa de “un delito menor”, no hay evidencia de que no vaya a comparecer en posteriores audiencias ni que suponga un riesgo para la sociedad.