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Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública y su titular, Irma Eréndira Sandoval, informaron que cuentan con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la Administración Pública Federal.
En una tarjeta informativa, la Función Pública dijo que las declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, describió.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del ex presidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; sus hijos: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro Peña Díaz (hijo menor del ex presidente priísta).
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas -de manera detallada- de Luis Enrique Miranda, y quien fuera secretario de Desarrollo Social de EPN.