“LO, con pocos avances en DH”

Ciudad de México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ha hecho pocos avances para atender a los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe anual de Human Rights Watch (HRW).

México, señala, “es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas” y detalla que “desde enero hasta septiembre de 2023, ocho (...) fueron asesinados”. Sobre los migrantes indica que “son víctimas de delitos cometidos por los cárteles u agentes estatales. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan”.

Human Rights Watch detalla que “López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio para llegar a EU (...) Las autoridades detuvieron a 444 mil migrantes en 2022, la cifra más alta de la historia”.

Reconoce en el reporte que “el gobierno ha ampliado enormemente la capacidad del sistema de asilo, con una importante ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (...) Sin embargo, el sistema se encuentra gravemente desbordado”.

Acerca de las desapariciones afirma que “las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas”. Describe que “la mayoría de los restos no identificados fueron almacenados o enterrados en fosas comunes municipales. Muchas otras personas desaparecidas probablemente fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes clandestinas por grupos criminales, soldados o policías”.

Añade que “López Obrador ha dependido en gran medida de los militares para realizar tareas de la seguridad pública” y agrega que “existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno”. Al transferir “cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas, esto limita el acceso a información pública, pues con frecuencia los militares se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia”, señala.