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Aunque el expresidente Felipe Calderón ha afirmado que su Gobierno no estuvo enterado en su momento del trasiego vigilado de armas del operativo “Rápido y Furioso”, documentos del Departamento de Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) muestran que Eduardo Medina Mora, exprocurador General de la República, sí supo sobre entregas controladas de armas de fuego al menos desde 2007.
La periodista Dolia Estévez difundió hoy un memorando que muestra cómo Medina Mora fue informado por la ATF “sobre entregas controladas” ya que envió al exfuncionario Carlos Fernando Luque Ordóñez como como agregado de la extinta PGR en Phoenix para coordinar el proyecto “Gunrunner”, iniciado en 2006.
En el texto se revela que el 16 de noviembre de 2007 el Fiscal General de EU, Michael Mukasey, se reunión con Medina Mora en Washington. DC.
En el memorando “Reunión del Procurador Genral Mukasey con el Procurador Medina Mora” destaca una cita donde se señala que la oficina de la ATF ha trabajado conjuntamente con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas”.
Ahí se plantea que mientras los primeros intentos de entregas controladas no tuvieron éxito las investigaciones prosiguieron y “a la ATF le gustaría ampliar la posibilidad de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas”.
Además, añade que “el agregado de la ATF (Fernando Luque Ordóñez) en la Ciudad de México ha informado al Procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas (de armas de fuergo), y le ha subrayado la importancia de que sean asignadastales unidades con exámenes de confianza verificados”.
El 17 de septiembre de 2007, el entonces Presidente George W. Bush nominó a Michael Mukasey como Fiscal General de Estados Unidos. El también abogado estadounidense estuvo en el cargo hasta el 2 de febrero de 2009, cuando lo sucedió Eric Holder.
De la reunión entre los procuradores de México y EU, a la que hace referencia el memorando de la oficina de Mukasey en Washington, DC, la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Medina Mora, reportó a los medios, a través de un comunicado, que se había revisado temas de la agenda bilateral en materia de justicia.
En la reunión se hizo énfasis en la voluntad política “que ha permitido constituir a la procuración de justicia como un vértice estratégico en la lucha que ambos países realizan contra la delincuencia organizada trasnacional”, se destacó en el comunicado de esa dependencia federal.
El proyecto Gunrunner fue precursor a la operación “Rápido y Furioso” e inció como un programa piloto en Laredo, Texas, y se expandió como iniciativa nacional en 2006.
Desde 2007 a 2011, el fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos introdujo miles de armas con chip a México para vender a presuntos criminales, con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento para, supuestamente, identificar a los responsables del tráfico de armas que luego irían a dar a manos de narcotraficantes.
La ATF permitió que 2 mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes combatían –y aún ho lo hacen– entre ellos y con las autoridades.
El escándalo estalló cuando se hallaron dos rifles de asalto comprados por una persona y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea divisoria entre Arizona y México.
Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata.
El agente Zapata se trasladaba del entonces Distrito Federal a Monterrey, Nuevo León. Mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido, se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma de “Rápido y Furioso”.
Lanny Breuer, entonces funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación, producto de una polémica táctica llamada: “dejar que las armas caminen”.
CALDERÓN NIEGA SABER DE “RÁPIDO Y FURIOSO”
Ayer, el expresidente Calderón Hinojosa volvió a negar que su Gobierno haya tenido un acuerdo con el de Estados Unidos para introducir armas al país, esto luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en conferencia desde Palacio Nacional que el exmandatario conocía el operativo ‘‘Rápido y Furioso’’.
“La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”, dijo desde su cuenta de Twitter y agregó: “En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”.
López Obrador dijo ayer por la mañana que Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal en tiempos de Felipe Calderón , debe decir, si resulta culpable en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, si actuó solo o en complicidad.
El Jefe del Ejecutivo federal señaló que sería interesante cuestionar “en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y la DEA, en qué consistió la introducción de armas, el acuerdo entre gobiernos”.
“¿Para qué nos andamos preguntando tantas cosas? Por qué no se le pregunta, si quiere él también porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía lo de la entrada de armas en el operativo ‘Rápido y Furioso’, y por qué lo permitió si lo sabía. ¿Para qué vamos a meternos en más cosas? Con eso y ese es un expediente abierto”, planteó.