México registra crisis forense
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió de los cuerpos sin identificar
Ciudad de México.- Con al menos 72 mil cuerpos sin identificar, México enfrenta una crisis forense sin precedentes que ha rebasado a las instituciones. No sólo fue la gravedad de los desaparecidos en el país, sino que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) también advirtió de los cuerpos y restos sin identificar.
Pese a las medidas adoptadas desde 2021, no hay avances sustanciales, por lo que decidió escalar el caso a la Asamblea General, colocando al país bajo un escrutinio internacional inédito.
El organismo documentó la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas en el país, donde se han localizado miles de restos humanos.
"Las autoridades siguen desbordadas y son urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas", alertó el Comité, al subrayar que el problema no solo persiste, sino que se agrava en un contexto de impunidad.
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El diagnóstico de la CED coincide con el informe Cuerpos bajo el resguardo del Estado, elaborado por Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, que describe un sistema forense mexicano colapsado.
Para Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este escenario refleja un fracaso estructural. Advierte que la crisis no es sólo forense, sino de procuración de justicia: "la tensión forense en el tema de la desaparición forzada en México ha sido un gran fracaso", señala, al recordar que instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda se crearon para coordinar esfuerzos, pero no han logrado revertir el problema.
El especialista subraya que el eslabón más débil está en la investigación penal. "De nada sirve contar con mecanismos forenses si la Fiscalía General de la República no hace su trabajo", afirma.
La impunidad, explica el especialista, sigue siendo el principal obstáculo: durante años, menos de 10% de los delitos denunciados en el país han llegado a sentencia, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sancionar a los responsables. En ese contexto, plantea la necesidad de revisar cuántos casos de desaparición forzada se investigan realmente y cuántos derivan en condenas.
Para Méndez, este fenómeno revela una sustitución peligrosa del Estado. "Los colectivos de madres buscadoras han sido quienes han asumido la labor de encontrar cuerpos e identificar restos.
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