Miles de asuntos al día, en riesgo por paro en PJF

Ciudad de México.- Trabajadores del Poder Judicial de al menos 29 estados del país se declararon este lunes en paro indefinido, en protesta contra la propuesta de reforma al Poder Judicial que impulsa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Magistrados, jueces, personal administrativo y de base se manifestaron frente a las oficinas en la Ciudad de México, Estado de México y en ciudades como Mérida, Campeche, Mexicali, Morelia, Monterrey, Pachuca, La Paz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Victoria, Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Chilpancingo y San Luis Potosí, entre otras.

El paro pone en riesgo de atención 4 mil 39 asuntos diariamente en promedio.

Los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que comprende juzgados ordinarios de Distrito, tribunales colegiados de Circuito y tribunales colegiados de Apelación, tienen a nivel nacional 932 organismos en 77 ciudades o municipios de las 32 entidades.

Según estadísticas del CJF, en 2023 el órgano jurisdiccional documentó un millón 474 mil 355 asuntos con mil 237 titulares y, de aprobarse la reforma en los términos de la propuesta del Ejecutivo, al final de 2026, que es hasta donde se puede tener una proyección certera, se tendrían que atender aproximadamente 2 millones 34 mil 77 asuntos con el mismo número de titulares.

Cada titular tendría que atender alrededor de mil 644 asuntos al año, es decir, 38 por ciento más que en el 2023, que documentó mil 192, situación que se traduciría en un rezago que impactaría a los justiciables.

Reportes del CJF señalan que los juzgados, Centros de Justicia y tribunales conocen y resuelven sobre la aplicación de normas o leyes, abusos de autoridades y revisión de resoluciones finales de asuntos del fuero común como autoridades locales, incluidos los Poderes Judiciales de las entidades federativas y federal.

También conocen y resuelven sobre asuntos penales, laborales, civiles, administrativos y mercantiles del orden federal, así como sobre contradicciones de criterios de resolución y conflictos competenciales.

La propuesta de reforma judicial contempla establecer un máximo de seis meses, es decir, 186 días para resolver sobre asuntos de naturaleza administrativa o judicial y cuatro meses, que comprende 124 días, a asuntos de naturaleza penal, sin considerar que la duración de los procedimientos depende tanto de los plazos procesales, características particulares como tipo de asunto, número de partes involucradas, autoridades responsables, actos reclamados y tipo de delitos.

Por ejemplo, en un juzgado de Distrito con procesos penales federales, la duración promedio es de 803 días, lo que representa 26 meses.