No hubo solicitud de recursos para NAIM

Raúl González desmiente afirmación del presidente electo

No hubo solicitud de recursos para NAIM

A-AA+

Ciudad de México.- El director corporativo de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Raúl González Apaolaza, aclaró que el fideicomiso de esa obra no solicitó 88 mil millones de pesos de recursos públicos del presupuesto federal para la conclusión del proyecto.
El 8 de octubre, en un video difundido en redes sociales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se había pedido dicho monto para ese fin lo que consideró inviable.
“Nos faltan 88 mil millones de pesos que no requerimos del presupuesto fiscal, lo podemos conseguir en los mercados internacionales con bonos a 20 o 30 años”, expresó ante diputados del Congreso de la Ciudad de México en una reunión en instalaciones del NAIM.
Añadió que se han hecho interpretaciones erróneas, puesto que “no le quitaremos un centavo a la Federación” ni se dejará sin recursos a proyectos como escuelas u hospitales.
González agregó que hay recursos asegurados para seguir los trabajos hasta mediados de 2020 y después se requeriría la suma de 88 mil millones de pesos, o bien más de 3 mil mdd.
Reiteró que la nueva terminal es “autofinanciable” ya que cuando entre en operaciones generaría recursos por 14 mil millones de pesos anuales a través de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), rentas de comercios, publicidad y estacionamientos, y eso es una garantía para buscar financiamiento en el mercado internacional. Esta cifra sería el doble de los 7 mil millones de pesos anuales que genera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por estos conceptos.
Ante la consulta propuesta por López Obrador para decidir este mes si el proyecto continúa o se realiza otra terminal en la base aérea de Santa Lucía, González recordó que si el actual proyecto en Texcoco se cancela, eso implicaría un costo de 110 mil millones de pesos, puesto que se han gastado 60 mil millones en la obra, mismos que resultarían una pérdida, y el resto equivaldría a los pagos por las demandas que podrían interponer las empresas que ya construyen el aeropuerto.