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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la blindó de cometer fallas en sus procesos de contratación. Esta investigación revela que en 17 obras militares y civiles el Ejército contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales: no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.
Entre 2007 y 2018, en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por varias dependencias de gobierno por administración directa, modelo previsto en la ley de obras que no se sujeta a una licitación pública.
En una revisión hecha sólo a 17 de las 851 obras, se encontró que la dependencia militar destinó 891 millones de pesos para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o que advierten posibles actos de corrupción.
Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena; una veintena de ellas fue creada exprofeso para las obras; nueve se disolvieron meses después del contrato; siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, y tres fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como firmas que simulan operaciones; ocho proveedores no fueron localizados; nueve tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.
La Sedena comenzó a realizar obras por administración directa en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y continuó en el de Enrique Peña Nieto, sumando 851 proyectos. En este gobierno la Sedena ha firmado cinco convenios de obras públicas, según el primer informe de labores. El más importante es la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
En las 17 obras revisadas aquí, se encontró que en los 160 contratos que realizó la dependencia con empresas que le ayudarán a ejecutar los proyectos se evadió la licitación pública, argumentando seguridad nacional o una necesidad inmediata por terminar lo antes posible la obra, por lo que no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.
La Sedena afirma que hace obras por administración directa porque una de las misiones de las Fuerzas Armadas es “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, según su ley orgánica.
Las dependencias federales que han firmado convenios con la Sedena son el Servicio de Administración Tributaria (SAT); las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), de Salud (Ssa), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Agencia Espacial Mexicana, entre otras.
Asimismo, ha hecho obras con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, entre otros. Entre las obras hay desde instalaciones militares hasta distribuidores viales, caminos rurales, carreteras, escuelas, hospitales, aduanas y parques.
El modelo de contratación por administración directa que dio pie a irregularidades es el mismo que usó la Sedena en la construcción de la barda y camino perimetral de acceso en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) y es el mismo esquema que se está utilizando en Santa Lucía. Se buscó la postura de la Sedena con una semana de anticipo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.