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Casi 660 organizaciones y aliados migrantes de Mexico y Estados Unidos solicitaron a la y los candidatos presidenciales fortalecer los mecanismos de protección y asistencia legal de manera continua y preventiva para los connacionales que radican en el vecino país del norte.
Recordaron que en 2017, tras petición de Agenda Migrante y Senadores Monarca, se entregaron recursos extraordinarios para las llamadas defensorías, pero no se le dio continuidad en el Presupuesto 2018.
Además, pidieron a los abanderados presidenciales fortalecer los programas y mecanismos de información y ayuda legal a mexicanos en Estados Unidos.
“Muchas veces, al no conocer sus derechos, son los propios migrantes indocumentados los que brindan información que termina afectando sus casos. Por ello es fundamental brindar y difundir información sobre sus derechos y recomendaciones por todos los medios y aliados”, refiere el texto denominado “Irrenunciables en Política Migratoria”.
En el documento de 31 hojas, les piden que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vaya más allá de los temas comerciales y económicos y considere la cooperación en temas de seguridad fronteriza, así como despenalizar la marihuana para evitar efectos adversos del trasiego de esa droga.
El texto -elaborado por la iniciativa ciudadana Agenda Migrante y 660 organizaciones organizaciones y aliados migrantes y en pro de sus derechos-. pretende que quien ocupe la silla presidencial tome acciones concretas en favor de las personas migrantes tanto en México como en Estados Unidos.
Su elaboración es resultado de 17 foros realizados desde 2017 en distintas partes de Estados Unidos y estados fronterizos, en los que se escuchó e identificó las oportunidades y problemáticas de esa población.
Además, busca proponer acciones y políticas públicas relacionadas con la situación, contexto y visión de las personas migrantes, luego del recrudecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, la renegociación del TLCAN y de cara al segundo debate presidencial programado para el próximo domingo.
En el séptimo apartado, relativo a Seguridad Fronteriza, se deja clara la importancia del uso de tecnología para proteger la frontera: cámaras, torres de vigilancia fijas, sensores aéreos y subterráneos.
De igual forma, se pide incluir a las comunidades fronterizas en los acuerdos comerciales y económicos y en los de aeguridad, además que las autoridades diseñen políticas efectivas para contrarrestar el tráfico de drogas, de armas y de personas.
Las organizaciones demandan también el diseño de políticas efectivas para proteger los derechos humanos de la población migrante que se encuentra indefensa ante el crimen organizado y la creación de políticas de prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectiva de abusos a migrantes.
También solicitan a la y los candidatos presidenciales la creación de programas integrales de cooperación regional en defensa, inteligencia, justicia y seguridad pública entre México, Centroamérica y Estados Unidos.
Asimismo, políticas de cooperación entre los tres niveles de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, para definir una estrategia común y eficaz, que genere impactos en la reducción sustancial del narcotráfico, la violencia y la inseguridad.
Recordaron que en 2017, tras petición de Agenda Migrante y Senadores Monarca, se entregaron recursos extraordinarios para las llamadas defensorías, pero no se le dio continuidad en el Presupuesto 2018.
Además, pidieron a los abanderados presidenciales fortalecer los programas y mecanismos de información y ayuda legal a mexicanos en Estados Unidos.
“Muchas veces, al no conocer sus derechos, son los propios migrantes indocumentados los que brindan información que termina afectando sus casos. Por ello es fundamental brindar y difundir información sobre sus derechos y recomendaciones por todos los medios y aliados”, refiere el texto denominado “Irrenunciables en Política Migratoria”.
En el documento de 31 hojas, les piden que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vaya más allá de los temas comerciales y económicos y considere la cooperación en temas de seguridad fronteriza, así como despenalizar la marihuana para evitar efectos adversos del trasiego de esa droga.
El texto -elaborado por la iniciativa ciudadana Agenda Migrante y 660 organizaciones organizaciones y aliados migrantes y en pro de sus derechos-. pretende que quien ocupe la silla presidencial tome acciones concretas en favor de las personas migrantes tanto en México como en Estados Unidos.
Su elaboración es resultado de 17 foros realizados desde 2017 en distintas partes de Estados Unidos y estados fronterizos, en los que se escuchó e identificó las oportunidades y problemáticas de esa población.
Además, busca proponer acciones y políticas públicas relacionadas con la situación, contexto y visión de las personas migrantes, luego del recrudecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, la renegociación del TLCAN y de cara al segundo debate presidencial programado para el próximo domingo.
En el séptimo apartado, relativo a Seguridad Fronteriza, se deja clara la importancia del uso de tecnología para proteger la frontera: cámaras, torres de vigilancia fijas, sensores aéreos y subterráneos.
De igual forma, se pide incluir a las comunidades fronterizas en los acuerdos comerciales y económicos y en los de aeguridad, además que las autoridades diseñen políticas efectivas para contrarrestar el tráfico de drogas, de armas y de personas.
Las organizaciones demandan también el diseño de políticas efectivas para proteger los derechos humanos de la población migrante que se encuentra indefensa ante el crimen organizado y la creación de políticas de prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectiva de abusos a migrantes.
También solicitan a la y los candidatos presidenciales la creación de programas integrales de cooperación regional en defensa, inteligencia, justicia y seguridad pública entre México, Centroamérica y Estados Unidos.
Asimismo, políticas de cooperación entre los tres niveles de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, para definir una estrategia común y eficaz, que genere impactos en la reducción sustancial del narcotráfico, la violencia y la inseguridad.