Abogados, contra la 'supermayoría' de Morena y aliados

El Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a realizar una asignación de diputaciones plurinominales, con base en una interpretación jurídica, histórica, teleológica, garantista y sistemática de la Constitución que refleje la pluralidad, respete los derechos de las minorías y evite la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso.
Integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana Colegiado de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), el CGAM afirmó que los consejeros y magistrados electorales, quienes en agosto definirán la distribución de las diputaciones plurinominales a las diferentes fuerzas políticas, tienen en sus manos una decisión jurídica histórica.
"Se trata de una decisión jurídica histórica de la que dependen los principios democráticos y representativos contenidos en el artículo 40 de la CPEUM [Constitución Política] como dos de los elementos constitutivos de nuestra República", dijo.
Indicó que la integración de las cámaras de Diputados y de Senadores para la próxima legislatura ha generado un debate público relevante y corresponden exclusivamente al INE y al TEPJF.
Por ello: "El Consejo General de la Abogacía Mexicana realiza un respetuoso llamado a las consejerías y magistraturas electorales para que realicen una interpretación jurídica, histórica, teleológica, garantista y sistemática del artículo 54 constitucional que conduzca a una integración que refleje la pluralidad de la ciudadanía mexicana, respete los derechos de las minorías políticas y evite la sobre representación de la coalición mayoritaria".
Hace unos días, el magistrado del Segundo Tribunal en Materia del Trabajo, Mauricio Barajas Villa, anunció que un grupo de magistrados y jueces trabajan en una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, que permitiría la aprobación de la reforma judicial.
Indicó que alistan dos acciones: "Acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma".