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La política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo de mano dura y es la misma que la aplicada durante sexenios anteriores, coincidieron en señalar especialistas en derechos humanos, al opinar sobre el video revelado por EL UNIVERSAL donde se ve a elementos del Ejército Mexicanos participando en una presunta ejecución extrajudicial.
También pidieron a las autoridades, de la misma manera en que lo hizo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), investigar el uso excesivo de la fuerza en la que pudo incurrir un grupo de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo donde fallecieron 12 civiles el pasado 3 de julio.
"Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos. Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establece la Constitución", señaló este martes por la tarde la ONU-DH por medio de un comunicado.
Esta postura fue respaldada por defensores de derechos humanos, quienes opinaron que aunque el presidente López Obrador ha dicho que su política de seguridad es de "abrazos y no balazos" la realidad es que tiene características muy similares a la que se empezó a implementar hace más de 12 años para combatir al narcotráfico.
"La política de seguridad de la actual administración no ha variado respecto de las políticas de los dos gobiernos anteriores. Él [presidente López Obrador] ofreció una estrategia de seguridad donde los militares no serían parte de la ecuación, pero en los hechos no sólo hemos visto la continuación de la política de seguridad, sino el reforzamiento de la perspectiva militar", señaló José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El experto aseguró que desde la CMDPDH han observado detenciones, eventos de tortura y masacres cometidas por las Fuerzas Armadas en el actual sexenio y lamentó que estos acontecimientos seguirán si no se fortalece la procuración de justicia.
"El sistema de procuración de justicia y seguridad pública continúa operando igual que con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Las ejecuciones extrajudiciales son parte de la operación militar, son procedimientos estandarizados, y la impunidad es la regla y no la excepción", señaló José Guevara.
En estos puntos coincidió Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien señaló que los hechos en Nuevo Laredo "actualizan la preocupación que las organizaciones tenemos respecto a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tiende a llevar a sucesos como estos, básicamente porque los militares tienen una formación para enfrentar a un enemigo y acabar con él".
Al mismo tiempo que Édgar Cortez pidió que se castigue a toda la cadena de mando involucrada en el operativo del 3 de julio, lamentó que la política de seguridad de López Obrador sigue siendo la misma de sexenios anteriores, aunque él ha dicho que no es así.
"Lo que dice el Presidente es su deseo, el mensaje que quiere dejar claro, pero la realidad no se resuelve así. Eso significaría que las Fuerzas Armadas tuvieran mecanismos de control interno mucho más estrictos para que esto no sucediera. En el caso de estos operativos, es evidente que los manuales no se aplican y, segundo, es que en casos similares que han ocurrido en años anteriores ha prevalecido la impunidad".
La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) también se pronunció sobre este tema a través de un comunicado la tarde de este martes.
En su pronunciamiento, la asociación civil lamentó que las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en el país por la falta de controles y regulaciones para las Fuerzas Armadas.
"Ejecuciones extrajudiciales como ésta, que tuvo lugar el 3 de julio de 2020, no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita", señaló MUCD.
Datos
12 civiles murieron en el operativo de Nuevo Laredo.
12 años tiene que se implementó la guerra al narcotráfico.
También pidieron a las autoridades, de la misma manera en que lo hizo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), investigar el uso excesivo de la fuerza en la que pudo incurrir un grupo de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo donde fallecieron 12 civiles el pasado 3 de julio.
"Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos. Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establece la Constitución", señaló este martes por la tarde la ONU-DH por medio de un comunicado.
Esta postura fue respaldada por defensores de derechos humanos, quienes opinaron que aunque el presidente López Obrador ha dicho que su política de seguridad es de "abrazos y no balazos" la realidad es que tiene características muy similares a la que se empezó a implementar hace más de 12 años para combatir al narcotráfico.
"La política de seguridad de la actual administración no ha variado respecto de las políticas de los dos gobiernos anteriores. Él [presidente López Obrador] ofreció una estrategia de seguridad donde los militares no serían parte de la ecuación, pero en los hechos no sólo hemos visto la continuación de la política de seguridad, sino el reforzamiento de la perspectiva militar", señaló José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El experto aseguró que desde la CMDPDH han observado detenciones, eventos de tortura y masacres cometidas por las Fuerzas Armadas en el actual sexenio y lamentó que estos acontecimientos seguirán si no se fortalece la procuración de justicia.
"El sistema de procuración de justicia y seguridad pública continúa operando igual que con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Las ejecuciones extrajudiciales son parte de la operación militar, son procedimientos estandarizados, y la impunidad es la regla y no la excepción", señaló José Guevara.
En estos puntos coincidió Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien señaló que los hechos en Nuevo Laredo "actualizan la preocupación que las organizaciones tenemos respecto a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tiende a llevar a sucesos como estos, básicamente porque los militares tienen una formación para enfrentar a un enemigo y acabar con él".
Al mismo tiempo que Édgar Cortez pidió que se castigue a toda la cadena de mando involucrada en el operativo del 3 de julio, lamentó que la política de seguridad de López Obrador sigue siendo la misma de sexenios anteriores, aunque él ha dicho que no es así.
"Lo que dice el Presidente es su deseo, el mensaje que quiere dejar claro, pero la realidad no se resuelve así. Eso significaría que las Fuerzas Armadas tuvieran mecanismos de control interno mucho más estrictos para que esto no sucediera. En el caso de estos operativos, es evidente que los manuales no se aplican y, segundo, es que en casos similares que han ocurrido en años anteriores ha prevalecido la impunidad".
La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) también se pronunció sobre este tema a través de un comunicado la tarde de este martes.
En su pronunciamiento, la asociación civil lamentó que las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en el país por la falta de controles y regulaciones para las Fuerzas Armadas.
"Ejecuciones extrajudiciales como ésta, que tuvo lugar el 3 de julio de 2020, no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita", señaló MUCD.
Datos
12 civiles murieron en el operativo de Nuevo Laredo.
12 años tiene que se implementó la guerra al narcotráfico.