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Con el propósito de minimizar los impactos a la población, derivados de situaciones de emergencias asociadas a la liberación de sustancias químicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recomendó a los gobernadores del país implementar programas permanentes de capacitación y dotar de equipo especializado a brigadistas.
Asimismo, los exhortó a realizar las gestiones pertinentes para que las entidades federativas que aún no lo han hecho, homologuen sus legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Protección Civil (LGPC), para dar cumplimiento con lo señalado en el Octavo Transitorio de esa disposición legal.
El 20 de diciembre pasado, la procuraduría emitió la recomendación PFPA/1/2c.5/05/2017, para la protección del ambiente durante la atención de emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas.
El documento refiere que la ocurrencia de emergencias asociadas con la liberación de sustancias químicas, como fugas, derrames, incendios y explosiones, entre otras, genera la diseminación de sustancias al ambiente, muchas con características peligrosas, como toxicidad, inflamabilidad, corrosividad o persistencia ambiental, que afectan a la población y medio ambiente.
Las afectaciones son agravadas por la falta de capacitación y equipamiento del personal de las brigadas que responden a ese tipo de eventos, ocasionando una mayor diseminación de las sustancias liberadas y sus productos de combustión, así como un incremento en la magnitud de las afectaciones ambientales.
La inadecuada respuesta a una emergencia química puede hacer de un incidente menor un desastre, con afectaciones significativas para la población y el ambiente.
Por ello es que se necesita que los tres niveles de gobierno cuenten con personal capacitado y equipado en el manejo de materiales peligrosos, para atender de manera oportuna y adecuada las eventualidades que pudieran presentarse.
Las actividades de preparación y respuesta a las emergencias químicas, como la capacitación, equipamiento y realización de simulacros, son herramientas clave para responder de una manera eficiente a este tipo de eventos, con lo que se minimizan los impactos a la población y al ambiente.
Además de la capacitación, se requiere promover la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil para fortalecer las herramientas de gestión de riesgo.
La Profepa, en el ejercicio de sus facultades, salvaguarda los intereses de la población, brinda asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente y coadyuva en la atención y solución de problemas causados por emergencias o contingencias ambientales, en coordinación con autoridades federales, municipales, de la Ciudad de México y órganos políticos administrativos.
La segunda recomendación es la relativa a que los gobiernos impulsen el equipamiento de las brigadas de respuesta a emergencias químicas, a través de la dotación de equipo de protección personal y especializado para su atención.
La tercera recomendación establece que las entidades federativas que aún no han homologado sus legislaciones locales con lo establecido en la LGPC, realicen las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con lo establecido en el Octavo Transitorio de la citada Ley General.
El articulado transitorio menciona que las autoridades locales realizarán las gestiones conducentes con el propósito de que se realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes y demás disposiciones locales en la materia en un plazo no mayor a 365 días, a partir de la publicación de esta Ley.
Lo anterior, ajustándose en todo momento a sus principios y directrices, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio del 2012.
Conforme lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las autoridades recomendadas tienen un término de 15 días hábiles para informar sobre la aceptación o no de la recomendación.
En caso de su aceptación, prevé un plazo de 30 días hábiles, posteriores a la aceptación del documento, para remitir a esta Procuraduría las acciones correspondientes que reflejen el avance y acciones implementadas, para dar cumplimiento a la recomendación.
Asimismo, los exhortó a realizar las gestiones pertinentes para que las entidades federativas que aún no lo han hecho, homologuen sus legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Protección Civil (LGPC), para dar cumplimiento con lo señalado en el Octavo Transitorio de esa disposición legal.
El 20 de diciembre pasado, la procuraduría emitió la recomendación PFPA/1/2c.5/05/2017, para la protección del ambiente durante la atención de emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas.
El documento refiere que la ocurrencia de emergencias asociadas con la liberación de sustancias químicas, como fugas, derrames, incendios y explosiones, entre otras, genera la diseminación de sustancias al ambiente, muchas con características peligrosas, como toxicidad, inflamabilidad, corrosividad o persistencia ambiental, que afectan a la población y medio ambiente.
Las afectaciones son agravadas por la falta de capacitación y equipamiento del personal de las brigadas que responden a ese tipo de eventos, ocasionando una mayor diseminación de las sustancias liberadas y sus productos de combustión, así como un incremento en la magnitud de las afectaciones ambientales.
La inadecuada respuesta a una emergencia química puede hacer de un incidente menor un desastre, con afectaciones significativas para la población y el ambiente.
Por ello es que se necesita que los tres niveles de gobierno cuenten con personal capacitado y equipado en el manejo de materiales peligrosos, para atender de manera oportuna y adecuada las eventualidades que pudieran presentarse.
Las actividades de preparación y respuesta a las emergencias químicas, como la capacitación, equipamiento y realización de simulacros, son herramientas clave para responder de una manera eficiente a este tipo de eventos, con lo que se minimizan los impactos a la población y al ambiente.
Además de la capacitación, se requiere promover la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil para fortalecer las herramientas de gestión de riesgo.
La Profepa, en el ejercicio de sus facultades, salvaguarda los intereses de la población, brinda asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente y coadyuva en la atención y solución de problemas causados por emergencias o contingencias ambientales, en coordinación con autoridades federales, municipales, de la Ciudad de México y órganos políticos administrativos.
La segunda recomendación es la relativa a que los gobiernos impulsen el equipamiento de las brigadas de respuesta a emergencias químicas, a través de la dotación de equipo de protección personal y especializado para su atención.
La tercera recomendación establece que las entidades federativas que aún no han homologado sus legislaciones locales con lo establecido en la LGPC, realicen las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con lo establecido en el Octavo Transitorio de la citada Ley General.
El articulado transitorio menciona que las autoridades locales realizarán las gestiones conducentes con el propósito de que se realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes y demás disposiciones locales en la materia en un plazo no mayor a 365 días, a partir de la publicación de esta Ley.
Lo anterior, ajustándose en todo momento a sus principios y directrices, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio del 2012.
Conforme lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las autoridades recomendadas tienen un término de 15 días hábiles para informar sobre la aceptación o no de la recomendación.
En caso de su aceptación, prevé un plazo de 30 días hábiles, posteriores a la aceptación del documento, para remitir a esta Procuraduría las acciones correspondientes que reflejen el avance y acciones implementadas, para dar cumplimiento a la recomendación.