Impacto de la reforma al Poder Judicial en México

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), fundada en 1945, y que agrupa a más de tres mil distribuidores de vehículos en el país, manifestó su rechazo a la reforma al Poder Judicial, ya que vulnera la independencia judicial.

"Consideramos que la designación de jueces, ministros y magistrados por voto popular, lejos de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, profundiza la discrecionalidad de las decisiones, lo politiza y no define criterios objetivos para una adecuada selección de los perfiles requeridos", indicó AMDA, en un comunicado.

Asimismo, la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular abre la posibilidad de control del Poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, lo cual puede agravar la injusticia.

Si bien el actual sistema es imperfecto y es necesario reformarlo para mejorar, la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social.

"La reforma del sistema judicial no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, harán más vulnerables a los grupos de población económica y socialmente más débiles, inhibirá la inversión y abre la posibilidad de fortalecer a los grupos del crimen organizado y a los cacicazgos políticos" sostuvo AMDA.

Los distribuidores también expresaron preocupación sobre el debilitamiento de la carrera judicial en detrimento del profesionalismo, estabilidad laboral y, por lo tanto, imparcialidad e independencia de los integrantes del Poder Judicial.

"La carrera judicial se ha convertido en garantía de especialización y capacitación de los juzgadores del país, constituyendo así un aspecto crucial del funcionamiento del sistema judicial mexicano y, sobre todo, un principio que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, lo cual se ve gravemente en riesgo, de aprobarse la iniciativa de reforma en los términos planteados", apuntó AMDA.

Además, para el funcionamiento de las empresas, la reforma judicial en los términos que se plantea pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y las deja en alto grado de vulnerabilidad ante el poder del Ejecutivo, por ejemplo, en el ámbito fiscal, así como un mayor grado de dificultad para contar con garantías de imparcialidad en las legítimas.