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El senador Emilio Álvarez-Icaza Longoria, sin grupo parlamentario, señaló que la reforma en materia de bienestar, "no parece la constitucionalización de derechos, sino más bien el blindaje constitucional de una serie de proyectos clientelares".
Este martes, el pleno del Senado aprobó por 91 votos a favor incluir en el artículo 4 de la Constitución los programas sociales del gobierno federal, y en esa votación, Álvarez-Icaza emitió voto en abstención.
"Las transferencias financieras no son suficientes para garantizar derechos", indicó el legislador sobre el paquete de programas que tendrán valor de derechos al ser promulgada la reforma, después de que sea ratificada por, al menos, 17 de los 32 congresos locales, y la promulgue el Ejecutivo federal.
La reforma en materia de bienestar garantiza servicios de salud gratuitos a quien carece de seguridad social; establece la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad; pensión a las personas mayores de 68 años, y a los 64, años de edad, en caso de indígenas; y un sistema de becas a estudiantes de todos los niveles escolares de la educación pública.
"Creo que esta reforma no es la que se necesita, se requieren cambios estructurales que garanticen el "brinco social", es decir, "el derecho a no ser pobre".
Otorgar transferencias financieras, agregó, pasa por el problema de programas sociales que se ejercen sin reglas de operación.
En 2019, tres de cada cuatro pesos, se ejercieron sin reglas de operación (la falla más alta en 20 años); los padrones no son auditables y no son transparentes, como no pasaba hace años".
Añadió que "los operadores de estos programas -hay que decirlo, aunque nos duela- son en realidad la estructura electoral de Morena adoptada en servicio público".
Llamó la atención en la legislación secundaria que se debe desprender de la reforma, de los cual en la sección de artículos transitorios del decreto, nada se especifica sobre la regulación que debe expedir el Congreso para la aplicación legal de los nuevos preceptos. "Eso es un gran riesgo", como se vio en el proceso de la Guardia Nacional, expresó.
Propuso que sea ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en vigor desde 1976, que abarca campos como la seguridad social, trabajo, salud, entre otros.
Este martes, el pleno del Senado aprobó por 91 votos a favor incluir en el artículo 4 de la Constitución los programas sociales del gobierno federal, y en esa votación, Álvarez-Icaza emitió voto en abstención.
"Las transferencias financieras no son suficientes para garantizar derechos", indicó el legislador sobre el paquete de programas que tendrán valor de derechos al ser promulgada la reforma, después de que sea ratificada por, al menos, 17 de los 32 congresos locales, y la promulgue el Ejecutivo federal.
La reforma en materia de bienestar garantiza servicios de salud gratuitos a quien carece de seguridad social; establece la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad; pensión a las personas mayores de 68 años, y a los 64, años de edad, en caso de indígenas; y un sistema de becas a estudiantes de todos los niveles escolares de la educación pública.
"Creo que esta reforma no es la que se necesita, se requieren cambios estructurales que garanticen el "brinco social", es decir, "el derecho a no ser pobre".
Otorgar transferencias financieras, agregó, pasa por el problema de programas sociales que se ejercen sin reglas de operación.
En 2019, tres de cada cuatro pesos, se ejercieron sin reglas de operación (la falla más alta en 20 años); los padrones no son auditables y no son transparentes, como no pasaba hace años".
Añadió que "los operadores de estos programas -hay que decirlo, aunque nos duela- son en realidad la estructura electoral de Morena adoptada en servicio público".
Llamó la atención en la legislación secundaria que se debe desprender de la reforma, de los cual en la sección de artículos transitorios del decreto, nada se especifica sobre la regulación que debe expedir el Congreso para la aplicación legal de los nuevos preceptos. "Eso es un gran riesgo", como se vio en el proceso de la Guardia Nacional, expresó.
Propuso que sea ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en vigor desde 1976, que abarca campos como la seguridad social, trabajo, salud, entre otros.