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Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció por que la reforma en materia laboral se inscriba en las tendencias contemporáneas de modernización judicial que requieren los mexicanos, con base en el más amplio alcance protector y garantista de los principios y las prerrogativas del derecho humano al trabajo.
La ministra impartió la conferencia Reformas Laborales, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó que en relación al nuevo modelo procesal, entre otros aspectos y situaciones, la oralidad y la inmediación facilitan que el juzgador conozca plenamente las pretensiones de las partes.
Pero también, agregó, obligan a organizar y planificar la defensa, exposición y pertinencia de los medios de prueba en el litigio, para evitar improvisaciones. Lo anterior, al reconocer que actualmente la falta de presencia del mediador y la mala planificación de la defensa de las partes, retrasan los juicios en materia laboral.
Ante integrantes de la comunidad universitaria, Esquivel Mossa explicó que con los cambios realizados al apartado A del artículo 123 constitucional, en virtud de la reforma a la Constitución federal del 24 de febrero de 2017, se materializa un recurso judicial más efectivo para la resolución de controversias entre patrones y trabajadores.
Indicó que nos colocamos en la posibilidad real de por fin contar en nuestro país con una justicia laboral mucho más rápida y expeditiva, acorde con los estándares internacionales. La ministra resaltó lo anterior, porque con ello -dijo- se pretende también contribuir a consolidar la democracia y la libertad sindicales.
En ese sentido, apuntó que los cambios pretenden responder a un reclamo social añejo y, al mismo tiempo, obedecen a la obligación del Estado mexicano y sus instituciones de cumplir con los compromisos internacionales adoptados en materia de derecho del trabajo, cuyo fin último es alcanzar un mejor estadio justicia social que destierre y evite los desequilibrios entre patrones y trabajadores.
Yasmín Esquivel comentó que la concreción del nivel de justicia laboral al que se aspiró con la reforma constitucional del año 2017 es un proceso que aún continúa en curso, es decir, se encuentra en un momento de transición.
Con respecto al Poder Judicial de la Federación, refirió que, dado que con esta reforma asume una competencia constitucional que antes no tenía, ha adoptado una serie de medidas para cumplir con este nuevo papel.
Para ello, se creó, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, la cual tiene a su cargo el Programa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, cuyo contenido se encuentra orientado al logro de nueve objetivos estratégicos.
La ministra impartió la conferencia Reformas Laborales, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó que en relación al nuevo modelo procesal, entre otros aspectos y situaciones, la oralidad y la inmediación facilitan que el juzgador conozca plenamente las pretensiones de las partes.
Pero también, agregó, obligan a organizar y planificar la defensa, exposición y pertinencia de los medios de prueba en el litigio, para evitar improvisaciones. Lo anterior, al reconocer que actualmente la falta de presencia del mediador y la mala planificación de la defensa de las partes, retrasan los juicios en materia laboral.
Ante integrantes de la comunidad universitaria, Esquivel Mossa explicó que con los cambios realizados al apartado A del artículo 123 constitucional, en virtud de la reforma a la Constitución federal del 24 de febrero de 2017, se materializa un recurso judicial más efectivo para la resolución de controversias entre patrones y trabajadores.
Indicó que nos colocamos en la posibilidad real de por fin contar en nuestro país con una justicia laboral mucho más rápida y expeditiva, acorde con los estándares internacionales. La ministra resaltó lo anterior, porque con ello -dijo- se pretende también contribuir a consolidar la democracia y la libertad sindicales.
En ese sentido, apuntó que los cambios pretenden responder a un reclamo social añejo y, al mismo tiempo, obedecen a la obligación del Estado mexicano y sus instituciones de cumplir con los compromisos internacionales adoptados en materia de derecho del trabajo, cuyo fin último es alcanzar un mejor estadio justicia social que destierre y evite los desequilibrios entre patrones y trabajadores.
Yasmín Esquivel comentó que la concreción del nivel de justicia laboral al que se aspiró con la reforma constitucional del año 2017 es un proceso que aún continúa en curso, es decir, se encuentra en un momento de transición.
Con respecto al Poder Judicial de la Federación, refirió que, dado que con esta reforma asume una competencia constitucional que antes no tenía, ha adoptado una serie de medidas para cumplir con este nuevo papel.
Para ello, se creó, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, la cual tiene a su cargo el Programa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, cuyo contenido se encuentra orientado al logro de nueve objetivos estratégicos.