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CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Una reforma penal criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones, advirtió este viernes a Efe Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 en este país. Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un retroceso en México la posibilidad de castigar como delito penal la difamación "retrotrayendo al país a épocas en que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar".
En entrevista con Efe, Maldonado de Artículo 19 informó que estos crímenes, que se han despenalizado a nivel federal y en la mayoría de los estados desde 2006, se tipifican de nuevo en un Código Penal único, una iniciativa adjudicada a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo borrador obtuvo Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información.
"¿Cómo se puede ofender a una institución? Esto es propio de los regímenes más antidemocráticos del mundo. Este tipo de delitos no pueden ser incorporados ni siquiera en una propuesta de Código Penal único, ya no se diga aprobados por las Cámaras del Senado y de los Diputados", manifestó el activista.
Estas modificaciones corresponderían a un paquete de reformas delineadas esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno federal que reformarían la Constitución, varias leyes de seguridad y reemplazarían a los actuales Código Penal federal y los estatales con uno único.
Sin embargo, tras filtrarse un borrador a organizaciones civiles, la presentación oficial de las iniciativas se pospuso hasta el 1 de febrero, en medio de críticas de activistas que advierten violaciones a los derechos humanos y la vulneración de la presunción de inocencia.
El representante de Artículo 19 denunció que en el nuevo código penal se castigaría la libertad de expresión bajo esquemas de delitos contra la justicia cívica y de alteración del orden público.
"Constituye un ataque al orden o a la paz pública: toda manifestación o exposición dolosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; a las personas físicas o morales; a la Nación Mexicana; o a las Entidades Política", reza el Artículo 836.
Maldonado celebró el aplazamiento de la presentación del paquete de reformas como "una primera oportunidad" para discutir las propuestas antes de su presentación formal.
Por ello, pidió una discusión abierta al considerar que, si se aprueban las reformas como están, el Estado mexicano contravendría las obligaciones internacionales que ha adquirido y vulneraría los derechos de los periodistas y la población en general.
"Esta no es una discusión únicamente en torno al ejercicio periodístico, es una discusión en torno al ejercicio de la libertad de expresión de cualquier persona de este país, que corre el riesgo de ser criminalizada con este tipo de delitos", comentó.
Por otro lado, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) alertó este viernes que la reforma judicial es "un retroceso" en materia de derechos humanos porque deja "sin utilidad tratados internacionales ratificados por México".
"En materia penitenciaria: propone trabajos forzados para las personas privadas de libertad, limita innecesariamente los requisitos para la obtención de beneficios preliberacionales e incapacita el ejercicio de los jueces como garantes de derechos", afirmó la organización en el texto.
La SIP, con sede en Miami, solicitó al Gobierno y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero ante el Senado de la República, "observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión".
Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización instaron al gobierno mexicano observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordaron que el documento consigna que "la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles".
Por décadas, la SIP junto a otras organizaciones dedicadas a la libertad de prensa han exhortado a los gobiernos a despenalizar la difamación para evitar que las penas de cárcel puedan ser utilizadas para neutralizar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.
En 2007, esta entidad regional había expresado su beneplácito cuando México despenalizó la difamación, "ayudando a crear una tendencia favorable a la libertad de prensa en América Latina".
En las Américas varios países han despenalizado la difamación: Argentina, Bermudas, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá y Uruguay.
Chile y República Dominicana lo han hecho parcialmente, mientras que en Honduras y otros países de la región existen proyectos legislativos para que los delitos contra el honor también se disputen solo en tribunales civiles.