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CIUDAD DE MÉXICO.- A dos meses de la salida de quien fuera su titular, la Comisión Nacional de Atención Víctimas (CEAV) sigue sin cabeza y acumulando rezago en su labor de procurar la reparación integral de los perjudicados.
La Ley General de Víctimas entró en vigor hace siete años, pero los afectados por delitos y violaciones a derechos humanos incrementan ante los ojos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y la Comisión Ejecutiva de Atención (CEAV), y se suman con el rezago de años anteriores, lo que ha vuelto la atención más lenta y revictimizante para los perjudicados.
Hay omisiones y una falta de coordinación en las instituciones para cumplir con sus obligaciones, lo que ha conllevado a que la CEAV enfrente 453 juicios de amparo. La falta de respuesta en pronunciarse respecto a las reparaciones integrales por delitos y violaciones de derechos humanos se debe, en parte, a la sobrecarga de trabajo que han presentado las instituciones encargadas de brindar atención a víctimas.
“En México una violación grave a derechos humanos dejó de ser la excepción y empezó a ser la cotidianidad, y cuando las atrocidades son tu normalidad muchas veces no te da la capacidad económica para poder responder a todos los estándares de reparación”, refiere la directiva de Justicia Transicional en México, Daniela Malpica Neri.
La ley ordena, el SNAV coordina y la CEAV ejecuta. La comisión ha asumido la atención de las víctimas en la mayoría de los aspectos. “La CEAV por sí sola no puede suplir al sistema nacional ni llevar a cabo sus funciones”, comenta un miembro de la Asamblea Consultiva.
Entre 2015 y 2019 los asuntos atendidos aumentaron, en promedio, 238% anualmente; sin embargo, lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no presentó incremento alguno, lo cual obstaculizó la atención para las víctimas, según el Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Junta de Gobierno de la CEAV.